La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) ha intensificado su conflicto con la intervención de la obra social del gremio, OSPRERA, presentando impugnaciones judiciales contra el interventor Marcelo Petroni. La organización sindical denuncia una grave situación que afecta a 700 mil trabajadores rurales, con cortes en las prestaciones, tratamientos y medicación, además de despidos arbitrarios y designaciones irregulares. La Delegación UATRE Bahía Blanca y sus seccionales se han sumado al repudio de estas medidas.
Según un comunicado de prensa emitido por UATRE el 22/01/2025, la intervención, dispuesta por el gobierno nacional en octubre pasado a partir de una orden judicial, no ha logrado recomponer las prestaciones, sino que las ha empeorado. La organización sindical acusa al interventor Petroni de realizar gastos innecesarios y de designar en puestos de responsabilidad a personas que fueron derrotadas en las últimas elecciones de UATRE.
La situación sanitaria de los trabajadores rurales se ha deteriorado significativamente en los últimos tres meses, según denuncia UATRE. Se registran cortes en los servicios, interrupciones en la entrega de medicamentos (tanto ambulatorios como oncológicos y de alto costo), lo que agrava patologías existentes y pone en riesgo la salud de los pacientes. Incluso, 21 casos llegaron a la Justicia con amparos incumplidos, y cuatro de ellos escalaron a instancias penales por desobediencia judicial por parte de la obra social.
La Delegación UATRE Bahía Blanca y sus seccionales también han expresado su profundo rechazo a las acciones del interventor. Además de la falta de servicios y prestaciones, denuncian el despido arbitrario de empleados de OSPRERA con años de trayectoria. Señalan que, bajo la excusa de un “ordenamiento” de la obra social, se han creado numerosos puestos con sueldos excesivos, ocupados por personas desplazadas de UATRE por “manejos espúreos” o que perdieron elecciones.
Esta crisis en OSPRERA genera gran preocupación en el sector rural, ya que afecta directamente el acceso a la salud de miles de trabajadores y sus familias. La disputa judicial entre UATRE y la intervención continúa, mientras la situación de los afiliados se agrava.
