La CGT presentó en la Justicia un amparo contra el decreto del Gobierno que limita las huelgas

El pasado miércoles, el gobierno publicó el DNU 340/2025 con el cual limitó el derecho de huelga en actividades consideradas esenciales, y que deberán garantizar de manera obligatoria un funcionamiento de entre 50 y 75% en caso atravesar conflicto sindical.

Entre los servicios contemplados en la norma, se incluyó a los servicios sanitarios; transporte y de medicamentos e insumos hospitalarios; servicios farmacéuticos; producción, transporte, distribución y comercialización de agua potable, gas, otros combustibles y energía eléctrica; y servicios de telecomunicaciones, incluidos internet y comunicaciones satelitales.

Asimismo, se incluyó a la aeronáutica comercial y el control del tráfico aéreo y portuario; servicios aduaneros y migratorios; el cuidado de menores y la educación en los niveles de guardería, preescolar, primaria, secundaria y educación especial; y el transporte marítimo y fluvial de personas, mercaderías y carga, entre otros.

ATE llevó a la Justicia el decreto del Gobierno que limita las huelgas

El sindicato Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó ante la Justicia un amparo para declarar la inconstitucionalidad del decreto 340/2025 del Gobierno, que limitó los sectores que pueden hacer valer su derecho a huelga. El gremio integra la CTA Autónoma y se anticipó a la medida que anunció que tomaría Confederación General del Trabajo (CGT), cuya referencia en el sector público es UPCN.

«Los efectos de este decreto deben ser suspendidos inmediatamente. Prácticamente el mismo texto ya fue declarado inconstitucional. En esta instancia, no hay otra cosa que hacer más que ratificar lo anteriormente sentenciado», sostuvo Rodolfo Aguiar, titular de ATE, en referencia a la intervención judicial sobre la reforma laboral del DNU 70/2023.

El dirigente gremial también señaló en sus redes sociales que «muchas de las actividades que ahora se plantean como esenciales las brinda el Estado. Por lo tanto esta norma dictada por el Ejecutivo nos afecta de manera directa a todos los trabajadores estatales». «Estamos frente a una inconstitucionalidad manifiesta. El derecho de huelga es nuestro derecho fundamental. Si nos lo quitan, a los trabajadores no nos queda nada», añadió.