La decisión del Gobierno Nacional de vetar por completo la Ley 27.790, que declaraba la emergencia y catástrofe en Bahía Blanca y Coronel Rosales tras el devastador temporal del 7 de marzo, ha generado un contundente rechazo en el ámbito político local. El concejal Pablo Daguerre, del bloque radical de Juntos, expresó su «más enérgico y enfático» repudio a la medida.
Daguerre calificó el veto como una «muestra clara de insensibilidad política y desapego al drama humano» que continúan enfrentando miles de familias damnificadas en la ciudad y la región. El edil señaló que, mientras la comunidad bahiense aún se esfuerza por recuperarse, el Ejecutivo Nacional «decide dar la espalda a una herramienta legal que fue aprobada democráticamente por el Congreso» y que buscaba brindar «alivio y respuestas concretas».
La Ley 27.790, vetada en su totalidad, había sido impulsada para establecer un fondo especial de $200.000 millones y otras medidas de asistencia financiera, incluyendo líneas de crédito para la reconstrucción. El Gobierno justificó su veto alegando que las medidas ya habían sido implementadas por otro decreto y que la ley no especificaba las fuentes de financiamiento, incumpliendo la Ley 24.156 de Administración Financiera.
Sin embargo, para el concejal Daguerre, la acción presidencial va más allá de corregir «posibles defectos formales». Afirmó que el Gobierno optó por «borrar de un plumazo una ley necesaria sin ofrecer alternativas reales ni urgentes para atender una emergencia que no admite demoras». En sus declaraciones, el concejal no dudó en tildar el veto de «acto de crueldad institucional», argumentando que «se rechaza no solo una ley: se rechaza el sufrimiento de una comunidad entera».
Finalmente, Daguerre concluyó que «no se puede gobernar un país desde la indiferencia, vetando leyes votadas por representantes del pueblo y dejando a una ciudad entera librada a su suerte». Consideró el veto como «una provocación, una falta de respeto y una agresión directa a Bahía Blanca y su gente», exigiendo una «inmediata rectificación de esta decisión arbitraria, injusta y humillante» y un llamado a todas las fuerzas políticas, sociales e institucionales de la región a manifestarse contra lo que consideró un «atropello».
