Un nuevo revés judicial para el gobierno nacional se registró hoy, luego de que el Juzgado Nacional del Trabajo 3, a cargo de la magistrada Moira Fullana, hiciera lugar a una medida cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). La decisión suspende, de manera provisoria, la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 430/2025, que eliminaba el 27 de junio como día no laborable para los empleados de la Administración Pública, impactando en varias oficinas de dependencias nacionales con presencia en Bahía Blanca.
La resolución de la jueza Fullana responde a un pedido del secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien argumentó la inconstitucionalidad del decreto al suprimir derechos laborales establecidos en la Ley 26.876, vigente desde 2013, la cual fija el 27 de junio como el Día del Trabajador Estatal.
Este fallo se suma a otras decisiones favorables de la jueza Fullana en la última semana, quien ya había tratado diversos pedidos de medidas cautelares y amparos contra el DNU 340/25, conocido como “decreto antihuelga”. Dicho decreto buscaba incluir un amplio abanico de actividades dentro de los denominados “servicios esenciales”, limitando la capacidad de protesta de los trabajadores. Entre los amparos dictados favorablemente por la jueza contra ese decreto se encuentran los solicitados también por ATE y otro de la CGT.
El fundamento del fallo se basó en la urgencia y la verosimilitud del derecho invocado por el gremio. La jueza Fullana consideró que la eliminación del feriado, publicada el 26 de junio y con efecto directo al día siguiente, podría generar un «perjuicio de difícil o tardía reparación» para los trabajadores si no se intercedía con la medida cautelar. Por ello, dio lugar al amparo presentado por ATE y suspendió los efectos del DNU 430/25 hasta que se dicte una sentencia definitiva en el caso.
Previo a la decisión judicial, en la mañana de hoy, Melina Rebollo, miembro de la comisión directiva nacional de SECASFPI (Trabajadores de ANSES), dialogó con Radio LU3. Rebollo expresó la sorpresa gremial por el DNU publicado «entre gallos y medianoche», obligando a ir a trabajar el 27 de junio, un día ya establecido como no hábil administrativo desde hace años por ley.
La dirigente gremial calificó la medida como una «cuestión de odio» hacia el trabajador del Estado, buscando «romper algo ya planificado» y generar un «fin de semana de descanso» frustrado. Refutó las declaraciones oficiales que tildaban a los estatales de «privilegiados» por tener un día propio, citando ejemplos de otras profesiones con días no laborables específicos, como gráficos, gastronómicos, judiciales y periodistas.
Rebollo concluyó la entrevista mencionando la actual situación de las oficinas estatales con «oficinas vacías, falta de políticas públicas e imposibilidad de jubilarse», aunque destacó que en Bahía Blanca no han tenido despidos y que «están saliendo algunas cautelares para reincorporar trabajadores despedidos a principio del 2024», mientras que los salarios no tienen aumento desde el año pasado.
