El diputado provincial Emiliano Balbín, de la UCR + Cambio Federal, ha expresado una profunda inquietud ante los rumores de una posible derogación de la Ley de Zona Fría y, lo que es una realidad inminente, el notorio atraso del Gobierno Nacional en el pago de los subsidios a las distribuidoras de gas. Esta situación pone en riesgo el acceso a tarifas de gas más económicas para los habitantes de extensas zonas de la provincia de Buenos Aires, incluyendo a los residentes de Bahía Blanca, quienes se benefician de este régimen por las bajas temperaturas características de la región.
Balbín señaló que, en un invierno que se presenta más frío de lo habitual, el Gobierno Nacional está «escatimando los fondos» necesarios para que las distribuidoras puedan cumplir con los descuentos establecidos por la Ley 27.637, conocida como Ley de Zona Fría. El legislador advirtió que las empresas distribuidoras de gas han denunciado públicamente, desde diciembre de 2024, un atraso en los pagos que ya alcanza entre cinco y seis meses.
El diputado recordó que el fondo que financia este régimen es «auto financiado» a través de un fideicomiso que se compone con el 7 por ciento de lo que se abona en cada factura de gas. «A pesar de los rumores sobre una posible anulación de la normativa que establece el régimen de Zona Fría, lo cierto es que no se están asignando los recursos financieros necesarios para mantener esta tarifa de gas diferenciada, la cual es considerada fundamental para los habitantes de amplias zonas de la Provincia», enfatizó Balbín.
La posible eliminación de este beneficio tendría un impacto significativo en el bolsillo de los bonaerenses, en un contexto de alta inflación y ajuste económico. La Ley de Zona Fría fue establecida para beneficiar a los usuarios de gas natural en regiones con bajas temperaturas, y su continuidad es crucial, especialmente ante el incremento generalizado en los precios de los servicios.
Desde los bloques de la UCR + Cambio Federal en la Legislatura, ya se han presentado proyectos para manifestar su preocupación ante la posibilidad de que el Poder Ejecutivo Nacional elimine este régimen, que ampara a vecinos de noventa y cinco distritos de la provincia de Buenos Aires.
