Un giro significativo se ha presentado en el caso «Frany Tickets», la investigación por presuntas defraudaciones en la reventa de entradas. El fiscal a cargo de la causa, Dr. Jorge Zorzano, ha formalizado un requerimiento para que el expediente sea remitido al Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Esta solicitud busca unificar la investigación con otra causa ya avanzada en la capital.
El argumento central del fiscal Zorzano radica en que la mayoría de las conductas defraudatorias habrían tenido lugar en CABA. Según su exposición, Francisca y Martina Pérez Espinosa, principales señaladas en la investigación, residían en la Ciudad de Buenos Aires durante el período en que se habrían llevado a cabo las maniobras. Asimismo, los análisis de telefonía celular indicaron que las antenas activadas correspondían mayoritariamente a la capital, reforzando la hipótesis del asiento de la operatoria. El imputado Julián Ariel Bisignano también reside en CABA, y sus presuntas acciones fraudulentas se habrían desarrollado en ese ámbito territorial.
Zorzano subrayó la existencia de una «conexidad objetiva y subjetiva» con la causa 87.115/2024-0 que ya se investiga en CABA, la cual aborda hechos idénticos y se encuentra en un estado de avance más significativo. Además, el pedido del fiscal se alinea con la “teoría de la ubicuidad” y los criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en materia de competencia.
Respecto a Francisca Pérez Espinosa, el fiscal Zorzano fue contundente al afirmar que ella y Julián Ariel Bisignano «ejercieron la reventa de entradas con ánimo de lucro para el encuentro futbolístico entre la selección de fútbol de la República Argentina y su par de la República de Brasil». Esta aseveración la posiciona directamente como parte activa y con participación directa en la maniobra de reventa investigada.
La decisión final sobre si la causa continuará su proceso en Bahía Blanca o si será trasladada a Capital Federal recae ahora en la Justicia de Garantías, que deberá evaluar los fundamentos presentados por el Ministerio Público Fiscal.
