El presidente Javier Milei formalizó este lunes, mediante su publicación en el Boletín Oficial, el veto total a los tres proyectos de ley de carácter social aprobados recientemente por el Congreso. Las iniciativas, que proponían un aumento a jubilaciones, la reinstauración de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad, fueron rechazadas por el Poder Ejecutivo, que argumentó un «costo fiscal exorbitante» y «vicios en el procedimiento legislativo».
El decreto 534/2025, que oficializa la decisión, sostiene que las leyes son fiscalmente irresponsables al no especificar fuentes de financiamiento genuinas y que su aplicación pondría en riesgo el «equilibrio fiscal» del Gobierno. En sus considerandos, se afirma que el gasto adicional que implicarían los tres proyectos ascendería a más de 7 billones de pesos en 2025 y a cerca de 17 billones de pesos en 2026. Esto, según el Ejecutivo, equivaldría a casi el 1% del PBI para este año y al 1,68% para el próximo, lo que «dificultaría el cumplimiento de las metas fiscales».
El veto también se basó en una dura crítica al proceso legislativo en el Senado. El Gobierno argumentó que la sesión del 10 de julio tuvo «graves nulidades», ya que se habría realizado sin la citación previa adecuada y la habilitación de los proyectos se dio con mayoría simple en lugar de los dos tercios requeridos, a partir de una «ilegítima interpretación del Reglamento».
Tras el rechazo presidencial, el camino de estas leyes ahora se remite al Congreso, donde la oposición deberá buscar una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras para poder insistir con los proyectos y convertirlos en ley, un escenario que se presenta como políticamente complejo.
