Punta Alta, Buenos Aires – El Tribunal Oral Criminal N.º 1 de Bahía Blanca ha emitido una sentencia en un juicio abreviado que culminó con la condena de María Soledad Alcaráz y Gonzalo Federico Perrota a la pena de 4 años y 6 meses de prisión. Ambos fueron hallados culpables del delito de comercialización de estupefacientes en dosis fraccionadas, destinadas a potenciales consumidores, en la localidad de Punta Alta.
La investigación, liderada por la UFIJ N.º 19 a cargo del fiscal Mauricio Del Cero, determinó que los condenados se dedicaron a la venta de cocaína, al menos, entre el 8 de febrero y el 3 de julio de 2024. Su principal centro de operaciones era el domicilio de calle Chubut 527.
La modalidad de operación de los acusados era la coordinación de citas en puntos preacordados para la entrega de la droga, y el pago se realizaba habitualmente a través de la plataforma digital Mercado Pago. Esta práctica, cada vez más común en el ámbito del narcomenudeo, permite a las redes de venta de drogas agilizar las transacciones y complejizar el seguimiento de los flujos de dinero por parte de las autoridades.
El punto de partida de la causa fue un informe de la UFIJ N.º 15, que alertó sobre Alcaráz debido a denuncias de vecinos por disturbios y la presunta venta de drogas en su vivienda. La investigación de la fiscalía se amplió y profundizó al descubrirse vínculos con otras causas ya en curso.
A través del análisis de dispositivos electrónicos incautados a Néstor Damián González Mori y Julián Rodríguez, dos individuos previamente condenados por delitos de drogas, surgieron comunicaciones que vinculaban directamente a Alcaráz y Perrotta con la comercialización de estupefacientes. Las pericias digitales sobre el teléfono de Alcaráz no solo confirmaron su actividad ilícita, sino que también revelaron un contacto con Pablo Frank, otro nombre ya conocido en el historial delictivo por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Un dato relevante que surgió de la investigación es que María Soledad Alcaráz había sido exonerada de la Policía de la Provincia de Buenos Aires el 17 de noviembre de 2018. La razón de su expulsión fue por haber proporcionado, de forma imprudente, información de la que tenía conocimiento en razón de su cargo a particulares. Este antecedente agrava su situación, ya que muestra un historial de faltas graves a su rol público.
La sentencia dictada por el Tribunal Oral Criminal N.º 1 subraya la persistencia de las autoridades en el combate contra el narcotráfico en la región, desarticulando redes de narcomenudeo que, en muchos casos, utilizan la tecnología para intentar evadir la justicia.
