La sesión del Concejo Deliberante de Bahía Blanca se vio envuelta en un clima de tensión política y críticas cruzadas entre el oficialismo y la oposición, durante el debate de un proyecto de resolución para manifestar la «preocupación» del cuerpo por el veto del gobierno nacional a la Ley 27.790. Esta ley buscaba destinar fondos de emergencia para la ciudad, tras la devastadora inundación que afectó a la región. El proyecto fue aprobado por una mayoría contundente, con 14 votos a favor y 9 en contra.
El debate se encendió cuando la bancada de Unión por la Patria (UxP) presentó la iniciativa. El presidente del bloque, Álvaro Díaz, pidió el voto nominal, lo que obligó a cada concejal a hacer pública su postura, una medida que buscaba poner en evidencia a quienes se opusieran a la resolución. En su intervención, Díaz criticó la decisión del Poder Ejecutivo Nacional y la contrapuso con el gasto público en deuda. «En julio se pagaron de intereses de deuda pública 17 billones de pesos, que significa 113 ayudas a Bahía Blanca», sentenció Díaz, subrayando que la «ficción financiera» en la que vive el país tiene un costo directo para la gente.
La votación reveló la división dentro del cuerpo. El proyecto fue aprobado con el apoyo de UxP y otros bloques, mientras que los votos en contra provinieron del bloque libertario (con una ausencia), Emiliano Álvarez Porte, Gisela Caputo, Fabiola Buosi y Rubén Gómez.
Un momento de particular fricción se vivió cuando el concejal Marcos Streitenberger pidió la palabra en medio de la votación, rompiendo con el reglamento que exige esperar a que todos los ediles se pronuncien. Este hecho generó un intercambio de chicanas. Álvaro Díaz le exigió que terminara de votar para poder hablar, a lo que se sumaron gestos irónicos y comentarios de otros concejales.
En su turno de réplica, Streitenberger utilizó el sarcasmo para defender su postura, señalando una supuesta hipocresía en el reclamo. «Ahora llama mucho la atención el veto presidencial, pero hace muchos años Cristina Kirchner vetó el 82% móvil», afirmó, trayendo a colación un antecedente de la gestión kirchnerista. Además, desvió la atención hacia el ámbito provincial. «Si queremos trabajar por la salud deberíamos pedirle a IOMA y la Provincia de Buenos Aires le pague al Garrahan los más de 4.000 millones de pesos que le debe», agregó Streitenberger, en una clara chicana a la gestión bonaerense.
A pesar de las críticas y el debate polarizado, la resolución que expresa la preocupación del Concejo Deliberante por la falta de ayuda nacional a la ciudad quedó firmemente aprobada, reflejando el sentir de una gran parte del cuerpo legislativo y de la comunidad que aún espera la asistencia prometida para la reconstrucción tras la catástrofe.
