La justicia de Bahía Blanca ha dado un paso decisivo en una compleja investigación al elevar a juicio la causa contra Stella Maris Distel, una mujer acusada de extorsionar a un hombre durante un período de casi tres años. Según la investigación, la mujer habría utilizado fotografías íntimas para chantajear a la víctima, obligándolo a entregarle dinero y realizar compras por un valor que supera los 4 millones de pesos.
La causa, que estuvo a cargo de la UFIJ N° 20, bajo la dirección del fiscal Rodolfo De Lucia, finalizó su etapa de instrucción. La fiscalía ha logrado recopilar una cantidad considerable de pruebas que respaldan la acusación de extorsión, un delito que ha aumentado su frecuencia en el contexto de la digitalización de las relaciones sociales.
Los hechos, según la investigación, se desarrollaron desde principios de 2022 hasta noviembre de 2024. La víctima, cuya identidad se mantiene en reserva, concurrió a la casa de Distel para recibir masajes, y posteriormente, ambos habrían mantenido comunicaciones por videollamada. Se presume que la mujer capturó imágenes de estas conversaciones y luego las utilizó como material de chantaje.
Bajo la amenaza de hacer públicas las fotos, la víctima fue obligada a realizar múltiples transferencias de dinero, que en total suman más de 4 millones de pesos. Pero la extorsión no se limitó a las transacciones monetarias; la acusada también le exigió que le comprara varios artículos a través de plataformas de comercio electrónico, como un reloj, un taladro y una balanza digital, por un valor adicional de más de 100 mil pesos.
La denuncia formal fue presentada por el hombre en diciembre de 2024. A lo largo de la investigación, la víctima aportó conversaciones y registros de las transacciones extorsivas, lo que, sumado a las pruebas obtenidas por la fiscalía, permitió concluir la etapa de instrucción y solicitar la elevación a juicio.
Con la etapa de instrucción finalizada, Stella Maris Distel llega a juicio imputada del delito de extorsión. Próximamente se designará un Tribunal Oral Criminal que será el encargado de analizar los hechos y fijar una fecha para el debate oral. El caso ha generado conmoción en la tranquila localidad de Puán, demostrando que este tipo de delitos digitales pueden tener graves consecuencias en la vida de las personas.
