Un nuevo foco de conflicto se gesta en el seno del Gobierno Nacional, donde crece la preocupación por un escándalo relacionado con la distribución de rezagos aduaneros que podría afectar directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Se trata de mercadería incautada que, según denuncian en la propia Libertad Avanza (LLA), está siendo repartida de manera discrecional a fundaciones y organizaciones vinculadas a dirigentes del oficialismo, lo que podría derivar en serios problemas judiciales.
La ley faculta a la Secretaría General de la Presidencia a disponer de estos rezagos aduaneros en situaciones de «emergencia social». El responsable de su distribución es Lule Menem, quien, según lo informado, no ha tenido reparos en enviar estos bienes a «manos amigas». Entre los artículos incautados hay desde zapatillas y ropa hasta teléfonos celulares y repuestos de aeronaves.
Donaciones a aliados y el caso que más preocupa a LLA
Según investigaciones periodísticas, uno de los más favorecidos con las donaciones fue Mauricio Davico, exintegrante del grupo Ráfaga y actual intendente de Gualeguaychú, una ciudad que recibió 12 donaciones. Asimismo, el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil, ligado a la ministra Patricia Bullrich, también recibió una importante encomienda con artículos de primera necesidad.
Sin embargo, el caso que más inquieta a los funcionarios de La Libertad Avanza es el de la Fundación Gea-Madre Tierra, Mitología Griega, de la provincia de Corrientes. Esta ONG, vinculada al diputado Lisandro Almirón, recibió al menos tres transferencias de rezagos. Lo que más llama la atención es que la fundación, creada en 2023 tras el triunfo de Javier Milei en las elecciones primarias, se dedica a organizar talleres y charlas sobre política, y no a tareas de beneficencia.
A pesar de no tener una función social clara, la fundación de la familia de Almirón, que tiene como tesorera a su hermana, recibió del Gobierno, en mayo de 2024, una gran cantidad de artículos, que van desde ropa y calzado hasta 14 aires acondicionados y 21.800 artículos electrónicos. La falta de justificación para la entrega de este tipo de bienes a una ONG con fines políticos es lo que, según fuentes del oficialismo, podría generar una investigación judicial con serias consecuencias para el Gobierno.
El escándalo de la mercadería incautada no solo pone en evidencia el uso discrecional de recursos públicos, sino que también amenaza con abrir un nuevo frente de conflicto judicial para el gobierno de Javier Milei, en un momento en que la imagen de la gestión ya se encuentra bajo un intenso escrutinio.
