Pese al acuerdo unificado entre el Ejecutivo y las comisiones, y en medio de un conflicto cada vez más tenso entre taxistas y conductores de plataformas, el Concejo Deliberante de Bahía Blanca optó por una sesión breve y dejó para más adelante el tratamiento del proyecto de ordenanza clave para la regulación de aplicaciones como Uber y Cabify. La dilación en la agenda legislativa prolonga la incertidumbre para miles de trabajadores y la polémica en el transporte local.
El Proyecto de Regulación Queda en Stand By
El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Bahía Blanca llevó a cabo una sesión en la que, sorpresivamente, se omitió un tema que se esperaba con alta expectativa: el proyecto unificado para regular el funcionamiento de las plataformas digitales de transporte de pasajeros, como Uber y Cabify.
La sesión fue breve y se despacharon temas menores, dejando el expediente de movilidad en stand by a pesar de que el marco regulatorio ya cuenta con consenso político y técnico. Este aplazamiento genera un nuevo signo de interrogación en un debate que lleva más de un año y medio de idas y vueltas, y que es central para ordenar el servicio de transporte en la ciudad.
La no inclusión del proyecto en el orden del día ocurre justo después de que la Comisión de Tránsito y Transporte lograra un acuerdo con el Ejecutivo Municipal, liderado por Federico Susbielles, y varios bloques opositores. Dicho consenso había unificado dos iniciativas previas, una presentada por el concejal Martín Barrionuevo y otra impulsada por la propia Municipalidad.
El Conflicto Subterráneo se Agrava
La falta de una regulación formal ha profundizado la denominada «guerra del transporte» en Bahía Blanca. Desde hace meses, la tensa convivencia entre el sector regulado (taxis y remises) y los conductores de plataformas (que operan en un vacío legal o, según el caso, infringiendo ordenanzas vigentes) ha escalado a niveles preocupantes, con reportes de hostigamiento, incidentes en la vía pública e infracciones masivas.
Los taxistas y remiseros denuncian una competencia desleal que ha provocado una caída drástica en su trabajo —algunos estiman pérdidas de hasta el 80%— y exigen controles estrictos o la prohibición total de las aplicaciones. Por su parte, los choferes de Uber reclaman un marco legal que les permita trabajar sin temor a multas, argumentando que existe una alta demanda de los usuarios que el sistema tradicional no logra satisfacer plenamente.
La Guardia Urbana Municipal, en colaboración con el área de Tránsito, ha intensificado los operativos contra los vehículos que realizan transporte de pasajeros sin habilitación, lo que ha llevado a múltiples secuestros de rodados y ha exacerbado la tensión social. Ante la ausencia de una ley clara, la falta de acción del HCD es interpretada por ambos bandos como una falta de respuesta del Estado ante una problemática que necesita ser resuelta con urgencia.
Los Puntos Clave del Proyecto Unificado
El consenso legislativo que ahora espera ser tratado en el recinto se enfoca en la regulación, no en la prohibición, de las aplicaciones. Su objetivo primordial es garantizar la seguridad de los pasajeros y formalizar una actividad que, de facto, ya funciona en la ciudad.
Entre las disposiciones más relevantes del proyecto unificado se destacan:
- Creación de un Registro Municipal: Todos los vehículos y conductores de plataformas como Uber o Cabify deberán inscribirse obligatoriamente en un registro administrado por la Municipalidad.
- Requisitos del Conductor: Se exigirá a los choferes contar con carnet profesional de conducir, lo que implica pasar por exámenes psicotécnicos superiores y presentar certificados de antecedentes penales. Además, se requiere que tengan domicilio en Bahía Blanca.
- Condiciones Vehiculares: Se establecería un límite de antigüedad para las unidades, que no podrá superar los 13 años (similar a lo exigido a los taxis), y deberán contar con un seguro de responsabilidad civil por persona transportada de carácter profesional.
- Obligaciones de la Plataforma: Las empresas deberán establecer una oficina de representación en la ciudad para gestionar reclamos y tendrán la obligación de suministrar al Municipio información actualizada sobre sus conductores habilitados.
- Aspecto Fiscal: Se contempla la creación de una tasa municipal, aunque mínima (se habló de un 1% sobre las transacciones), a ser cobrada a la plataforma, no a los choferes.
La Pelota, en la Cancha del Concejo
El edil Gonzalo Vélez, uno de los participantes activos en la búsqueda del acuerdo, había manifestado días atrás que el proyecto ya estaba listo para recibir el dictamen final de la Comisión, con el objetivo de llevarlo al recinto en una de las sesiones de octubre. Sin embargo, la brevedad de la última sesión y la decisión de no abordar el tema sugieren que aún existen factores políticos o logísticos que demoran la votación.
La demora del HCD en formalizar la regulación resulta paradójica. Por un lado, la presión social y la necesidad de pacificar el conflicto en las calles es palpable. Por el otro, el hecho de que el Ejecutivo haya enviado su propio proyecto y que este se haya unificado con el de la oposición mostraba una rara alineación de fuerzas en un tema sensible. La expectativa ahora se centra en la próxima sesión, donde el cuerpo deliberativo deberá, finalmente, decidir si le otorga un marco legal a la nueva movilidad o si mantiene el statu quo de la informalidad y la confrontación.
