Uno de los ejes centrales de la reforma laboral que el Gobierno de Javier Milei busca impulsar es la implementación del “banco de horas”, un esquema de flexibilidad horaria que ya se aplica en Grecia y que permitiría modificar el régimen actual de horas extras.
En el país europeo, este sistema autoriza extender la jornada diaria de trabajo de 8 a un máximo de 12 horas, aunque solo puede aplicarse tres veces por semana y hasta 37 días al año. La particularidad es que esas horas adicionales se compensan con descansos o jornadas reducidas en otros momentos, dependiendo de las necesidades de producción o demanda.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, fue quien planteó en el último Coloquio de IDEA la posibilidad de incorporar este modelo en la Argentina. Según explicó, el objetivo es avanzar hacia una “jornada elástica”, a través de una distribución desigual del tiempo laboral que permita mayor margen para las empresas, pero con un esquema de compensación posterior.
En la práctica, el “banco de horas” implica que el trabajador podría realizar jornadas más largas durante ciertos períodos de mayor actividad, para luego reducirlas cuando el ritmo baja. Sin embargo, esto alteraría el actual régimen de horas extras, ya que dejarían de ser voluntarias y pasarían a formar parte de la jornada laboral normal, integradas en el contrato de trabajo.
Otro punto clave está en la remuneración. En Grecia, las horas adicionales se pagan con un recargo del 40%, inferior al 50% o 100% que rige en Argentina según la modalidad. De avanzar una medida similar, las horas extras perderían su carácter de compensación excepcional y se convertirían en una parte fija de la rutina laboral.
La consultora IDESA analizó que esta modalidad permitiría “romper con la petrificación de los convenios colectivos ultraactivos”, al posibilitar que las empresas, con acuerdo de sus trabajadores, puedan apartarse de los convenios colectivos sectoriales. Esto colocaría un nuevo orden de prelación, donde los acuerdos por empresa tendrían prioridad sobre los convenios de rama o actividad.
Además, se prevé que la reforma incluya la derogación de la ultraactividad de los convenios. Esto significa que, si no hay acuerdo entre sindicatos y empresarios para renovar un convenio vencido, éste dejaría de tener validez, forzando a las partes a negociar uno nuevo bajo el marco de la legislación reformada.
Según trascendió, una vez que el capítulo laboral esté encaminado, el Gobierno planea avanzar también con una reforma previsional. Allí se incluirían cambios en la edad jubilatoria, en la forma de calcular los haberes, en la pensión por viudez y en los regímenes especiales, como el de docentes nacionales, que perderían el actual 82% móvil sobre el salario.
Estas iniciativas forman parte del paquete de transformaciones estructurales que el Ejecutivo pretende llevar al Congreso en los próximos meses, con la intención de reconfigurar tanto el mercado laboral como el sistema previsional argentino.
