Sergio Fabián Corvalán, el hombre de 47 años detenido en la localidad de Saldungaray en el marco de una grave investigación por abuso sexual agravado, ejerció su derecho constitucional a guardar silencio y se abstuvo de prestar declaración indagatoria ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 10 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.
Tras su aprehensión, Corvalán fue trasladado a dependencias policiales donde fue notificado formalmente de la acusación en su contra. La fiscal a cargo, Dra. Marina Lara, lidera la investigación de un hecho que conmocionó a la comunidad, y que involucra a una menor de 13 años. La decisión del imputado de no declarar, un mecanismo legalmente reconocido, marca el inicio de la etapa más crítica del proceso judicial.
Los detalles de la imputación y la estrategia judicial
El caso que lleva adelante la fiscalía de Delitos Sexuales y Abusos Intrafamiliares se centra en un suceso ocurrido el 12 de octubre pasado, según lo revelado por las fuentes judiciales. La carátula que pesa sobre Corvalán es de abuso sexual con acceso carnal agravado, lo que implica una de las figuras penales más graves dentro del Código Penal argentino en materia de integridad sexual.
La detención del hombre, que tuvo lugar en su domicilio tras una orden emanada por la fiscal Lara, se concretó luego de una serie de tareas de inteligencia y recolección de pruebas clave realizadas por personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Bahía Blanca y la Comisaría de Sierra de la Ventana.
Entre las evidencias que sustentan la acusación fiscal se encuentran, de acuerdo a trascendidos, el testimonio fundamental de la víctima en Cámara Gesell, que es la herramienta judicial diseñada para proteger a los menores durante el proceso de toma de declaración, así como otros elementos probatorios, incluyendo análisis de registros telefónicos y el testimonio de testigos del entorno. Estos elementos fueron considerados suficientes para que la Dra. Lara solicitara la detención al juez de Garantías interviniente, quien la efectivizó al considerar la existencia de riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación.
El derecho a guardar silencio y lo que sigue en la causa
La declaración indagatoria es el primer acto de defensa del imputado en el proceso penal. Al abstenerse de declarar, Corvalán no hace ninguna admisión de culpa ni niega los hechos, sino que simplemente opta por no responder preguntas ni exponer su versión de los acontecimientos, reservando su estrategia de defensa para etapas posteriores, como puede ser el juicio oral. Su silencio, amparado en el artículo 18 de la Constitución Nacional (que establece que nadie está obligado a declarar contra sí mismo), no puede ser interpretado como una presunción de culpabilidad.
Fuentes cercanas a la investigación indicaron que, a partir de ahora, la fiscalía avanzará rápidamente en la solicitud de prisión preventiva ante el Juzgado de Garantías. Este paso es fundamental para asegurar que Corvalán permanezca detenido mientras se sustancia la investigación, especialmente considerando la gravedad del delito imputado y la vulnerabilidad de la víctima.
La prisión preventiva es una medida cautelar que busca evitar la fuga del imputado o que este pueda influir en testigos o destruir pruebas. Dado el marco penal que prevé severas penas para el delito de abuso sexual agravado, sumado a la solidez de los elementos probatorios ya reunidos, se espera que el requerimiento de la fiscalía sea favorablemente acogido por el juez en los próximos días.
La comunidad de Saldungaray y la región han seguido de cerca el desarrollo de este caso, esperando que la justicia actúe con celeridad y rigor. El compromiso de las fuerzas de seguridad y el equipo de la UFIJ N° 10 subraya la prioridad dada a los delitos contra la integridad de menores. La defensa de Corvalán, por su parte, deberá preparar sus argumentos para oponerse a la prisión preventiva y, eventualmente, rebatir las pruebas presentadas por la fiscalía a medida que el caso avance hacia la etapa de juicio.
