Felipe Ferrandez, concejal electo por La Libertad Avanza (LLA) en Bahía Blanca, arrastra una infracción de tránsito de Nochebuena de 2022 por negarse a realizar la prueba de alcoholemia, una falta que el Tribunal de Faltas aún registra como impaga. El caso genera controversia, no solo por la gravedad de la negativa al control de alcohol al volante, sino también porque la camioneta secuestrada fue retirada del corralón sin saldar la deuda, un privilegio que habitualmente se niega a los ciudadanos comunes, lo que aviva el debate sobre la «casta» política que el propio Ferrandez dice combatir.
El concejal electo por La Libertad Avanza, Felipe Ferrandez, uno de los principales referentes del espacio libertario en Bahía Blanca, se encuentra en el centro de la polémica por una grave infracción de tránsito cometida en diciembre de 2022. La falta, registrada por el Tribunal de Faltas, consiste en haberse negado a realizar el test de alcoholemia en un control vehicular, una acción que la ley castiga con la presunción de alcoholemia positiva y la máxima sanción.
Un privilegio en el corralón
Según los registros del municipio, la infracción fue cometida en Nochebuena de 2022. En aquel momento, Ferrandez, cuya filiación política no era tan visible como hoy, fue multado por negarse a soplar, se le secuestró su vehículo —una camioneta— y se le retuvo la licencia de conducir.
El hecho se agrava al revelar que, si bien la multa por la presunta alcoholemia y el acarreo asciende a $146.130 pesos (cifra que, actualizada a valores actuales, sería considerablemente mayor), la deuda aún figura como impaga en la web de Gestión Tributaria del Municipio.
Lo más llamativo del caso radica en cómo el vehículo fue retirado del corralón municipal. Habitualmente, a «cualquier hijo de vecino» se le exige el pago total de la multa y el acarreo antes de poder recuperar el vehículo. Sin embargo, en este caso, la camioneta fue retirada por María Teresa Gonard, madre de Felipe Ferrandez, quien meses después asumiría la Presidencia del Concejo Deliberante de Bahía Blanca.
Esta situación plantea serias dudas sobre el uso de «contactos y privilegios de la casta», prácticas que la propia fuerza política de Ferrandez critica fervientemente.
El patrón de la negación en la política local
La infracción de Ferrandez no es un caso aislado en la política bahiense. El concejal electo se suma a una lista de dirigentes de distintos espacios que han incurrido en la misma falta de negarse a las autoridades de control al ser detectados conduciendo bajo los efectos del alcohol:
Jona Arce (Fuerza Patria): Concejal de mandato cumplido. Se negó al test de alcoholemia y, ante la repercusión pública, presentó su renuncia dos días después.
Fabián Tuya (Funcionario del PRO): Chocó, se negó al test de alcoholemia en 2021 y renunció a su cargo, aunque retornó a la función pública diez meses más tarde.
Pablo Reynafé (Funcionario del FPV): Evadió un control de tránsito y se negó al test en 2013, presentando su renuncia días después.
A diferencia de otros casos donde los involucrados ya eran funcionarios, la infracción de Ferrandez fue previa a su asunción. Sin embargo, la pregunta que surge es si existe una vara diferente para quienes cometen una falta tan grave antes o después de ocupar un cargo público.
La negativa al test de alcoholemia no es una falta menor: es una desobediencia directa a la autoridad y un desprecio por la vida, ya que «el alcohol al volante, mata». Aunque es poco probable que se le exija su renuncia, el caso pone al concejal electo ante la obligación mínima de saldar la deuda de $146.130 pesos con el Estado Municipal y dar explicaciones sobre el privilegio utilizado para retirar un vehículo secuestrado con una multa impaga.
