El diputado nacional Pablo Ansaloni, proveniente del sindicalismo y ahora en las filas de La Libertad Avanza (LLA), ha emergido como el flamante secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales, Estibadores y Frutihortícolas Unidos (FATREFU), un gremio paralelo a la histórica UATRE. A pesar de admitir que desconoce los detalles del proyecto oficial de reforma laboral, Ansaloni respaldó públicamente la necesidad de un «ordenamiento laboral» en el país, en un momento de fuerte tensión entre el gobierno y el sector gremial rural.
La figura del diputado nacional Pablo Ansaloni se consolida como un actor clave en la estrategia del gobierno de Javier Milei para avanzar sobre las estructuras sindicales tradicionales. Tras su pase al bloque libertario en diciembre de 2023, el exdirigente de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) se convirtió en el rostro del armado de un sindicato rural alternativo.
El nuevo gremio y el apoyo sin conocer el texto
FATREFU (Federación Argentina de Trabajadores Rurales, Estibadores y Frutihortícolas Unidos) fue formalmente lanzado a mediados de este año, apenas semanas antes de las últimas elecciones, y se presenta como una alternativa a la conducción histórica de UATRE. El movimiento se da en el contexto de una avanzada del gobierno contra el gremio de los rurales, buscando atomizar y debilitar a las estructuras sindicales consolidadas.
En declaraciones recientes, Ansaloni afirmó desconocer «el ordenamiento laboral del que muchos están hablando». No obstante, el legislador se mostró convencido de la urgencia de estos cambios: «Es inminente y necesario que en Argentina llegue un ordenamiento laboral».
Esta postura no es nueva en el historial de Ansaloni. Hace casi dos años, el diputado había acompañado con su voto la Ley Bases, que ya incluía un intento de reforma laboral mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el cual fue posteriormente frenado por la Justicia. En aquella ocasión, Ansaloni juró por «los trabajadores rurales y sus familias», para luego votar a favor de la ley.
La trama OSPRERA y el clan Menem
La aparición de un sindicato paralelo a la UATRE coincide con el profundo conflicto originado por la intervención de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA). La ofensiva del Gobierno sobre la obra social, que atiende a más de medio millón de trabajadores rurales, apunta a una investigación por el supuesto desvío de fondos y expone el rol del denominado «clan Menem».
En este contexto, Ansaloni funciona como un nexo clave. A pesar de impulsar una estructura gremial paralela, el diputado habría actuado como vía de acceso de los Menem a la obra social rural intervenida.
El vínculo se hizo público en medio de escándalos recientes. Se reveló que OSPRERA, bajo la intervención gubernamental, emitió órdenes de pago por más de $7.700 millones a la droguería Suizo Argentina, lo que incrementó las sospechas sobre posibles contrataciones irregulares. Además, se conoció que la obra social habría contratado por $156 millones de pesos mensuales a una compañía vinculada a un socio comercial de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Estos datos vuelven a encender las alarmas sobre la trama política y los intereses detrás de la conducción de la obra social.
Una disputa que va más allá de lo sindical
El conflicto en el gremio rural se inscribe en una disputa de poder más amplia que combina la puja sindical, los intereses económicos y la estrategia del Gobierno para flexibilizar las normativas laborales y debilitar a las estructuras históricas del movimiento obrero.
La reforma laboral que el Gobierno se prepara para impulsar podría incluir un modelo similar al de la Ley Bases. Entre las posibles modificaciones, se especula con la introducción de un fondo de cese laboral (modelo UOCRA) en reemplazo de las indemnizaciones, la ampliación del período de prueba, y la eliminación de las multas asociadas a la falta de registración laboral.
En este escenario, el diputado Ansaloni, con un pasado en la UATRE marcado por denuncias de estafa y desfalco a la obra social, y ahora alineado con el oficialismo y promoviendo un gremio paralelo, se coloca en el centro de una batalla que determinará el futuro de los derechos de los trabajadores rurales y la estabilidad del movimiento sindical en Argentina.
