Public Eye acusa a la multinacional suiza de un «doble estándar ético» al vender cereales infantiles Cerelac con azúcares añadidos en mercados de bajos ingresos, mientras los prohíbe en sus productos europeos. La práctica contraviene las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y plantea serias dudas sobre la justicia alimentaria global.
El detonante de la disputa: datos concretos de la investigación
La controversia se encendió tras la publicación de una rigurosa investigación realizada por la ONG suiza Public Eye, en colaboración con la Red Internacional de Acción por la Alimentación Infantil (IBFAN). El estudio recolectó cerca de 100 muestras del popular cereal infantil Cerelac de Nestlé en 20 países africanos, asiáticos y latinoamericanos.
El hallazgo central fue categórico: más del 90% de los cereales analizados contenían azúcares añadidos, un ingrediente que está sistemáticamente ausente en las versiones del mismo producto vendidas en países de altos ingresos como Suiza, Alemania o el Reino Unido.
Los resultados del laboratorio francés INOVALYS indicaron que el contenido de azúcar añadido promediaba cerca de 6 gramos por ración en las variantes africanas, llegando en algunos casos a registrar hasta 7,5 gramos por porción. Para poner esto en perspectiva, una porción en mercados como Nigeria o Senegal puede contener el equivalente a un terrón de azúcar, mientras que las versiones para bebés en Europa se ofrecen sin endulzantes.
Tras conocerse el informe, 19 organizaciones civiles africanas se unieron a IBFAN para enviar una carta abierta al CEO de Nestlé, Philipp Navratil, exigiendo la eliminación inmediata de los azúcares añadidos. La protesta no solo se basa en los datos técnicos, sino en una profunda acusación moral: la aplicación de un claro «doble rasero» en la formulación de productos destinados a poblaciones infantiles distintas.
La postura de Nestlé y el cumplimiento normativo
Frente a la ola de críticas, Nestlé emitió una respuesta en la que calificó las acusaciones de «engañosas y sin fundamento». La compañía multinacional argumentó que sus productos cumplen con el Codex Alimentarius (el conjunto de normas alimentarias internacionales) y con todas las regulaciones locales de los países donde operan.
La defensa de la empresa se centra en dos puntos clave: primero, que las diferencias en la formulación se deben a las normativas locales y a la necesidad de atender las deficiencias nutricionales específicas de cada mercado. Segundo, señalan que están en un proceso de reformulación y que sus variantes sin azúcares añadidos ya están disponibles en la mayoría de sus mercados, con el objetivo de alcanzar una cobertura completa para finales de 2025.
Sin embargo, los activistas de Public Eye y los grupos de salud pública rebaten esta defensa técnica con una objeción ética: si la reformulación sin azúcares añadidos es posible y se implementa como estándar en Europa, la decisión de mantenerlos en mercados vulnerables es una elección corporativa, no una imposición regulatoria. El análisis químico de la ONG, que detectó específicamente azúcares añadidos como sacarosa y miel (no los naturalmente presentes en la leche o la fruta), es el eje de la acusación.
El riesgo sanitario y la doble carga nutricional
El uso de azúcares añadidos en alimentos para lactantes y niños pequeños es un tema de alta sensibilidad para las agencias de salud global. La Organización Mundial de la Salud (OMS), junto con otras entidades sanitarias, insiste en que los niños menores de dos años deben evitar el consumo de azúcares libres de cualquier tipo.
La exposición temprana al sabor dulce no es un detalle menor; los expertos señalan que puede «programar» el paladar del niño, generando una preferencia sostenida por alimentos ultraprocesados y con alto contenido de azúcar a lo largo de su vida. A largo plazo, esta práctica incrementa significativamente el riesgo de padecer obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión y otras enfermedades crónicas no transmisibles.
En muchos países africanos, la práctica denunciada impacta directamente sobre la llamada «doble carga nutricional», un fenómeno en el que la población sufre simultáneamente problemas de malnutrición por déficit (carencia de nutrientes esenciales) y el creciente auge de problemas de salud asociados a la mala alimentación (obesidad, sobrepeso). Alentar hábitos poco saludables desde la infancia perpetúa ciclos de riesgo sanitario que, inevitablemente, elevan los costos de salud pública y profundizan la desigualdad social y alimentaria.
Un dilema ético sobre la salud infantil
El fondo de este escándalo no es solo técnico o legal, sino profundamente ético: ¿existe una jerarquía en los derechos nutricionales de los niños según su geografía de nacimiento?
Las empresas argumentan la necesidad de la «palatabilidad» para asegurar la aceptación de los productos en mercados donde la deficiencia nutricional es una preocupación, pero los críticos consideran que esto es una justificación insostenible cuando existe una alternativa saludable.
La cobertura mediática internacional, que incluye a Reuters, The Guardian y Al Jazeera, ha amplificado la denuncia, poniendo a Nestlé bajo un escrutinio global similar al que enfrentó tras el escándalo de la leche de fórmula para bebés en los años 70.
Mientras Nestlé se reafirma en que cumple con todas las normativas y promete acelerar la reformulación, las organizaciones activistas insisten en que la ética corporativa debe primar sobre la lógica del mercado. La pregunta que queda flotando es si la nutrición adecuada para los más vulnerables debería ser un derecho universal garantizado por la industria, o si seguirá siendo una cuestión determinada por la debilidad regulatoria y el código postal.
