La Asociación de Abogados de Buenos Aires advierte sobre la parálisis institucional que afecta a miles de causas por la acumulación histórica de vacantes. Tres de cada diez cargos de magistrados están sin cubrir, con un agravante: el Poder Ejecutivo lleva dos años sin enviar un solo pliego al Senado de la Nación.
El sistema de justicia nacional y federal de Argentina atraviesa una de las crisis estructurales más profundas de su historia reciente, con un déficit alarmante en la cobertura de cargos de magistrados. Según las cifras aportadas por Juan Pablo Zanetta, presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA), actualmente el 35% de los juzgados se encuentran vacantes, lo que se traduce en que «de cada diez juzgados, tres o cuatro están sin juez» titular. Esta cifra, que según otras fuentes periodísticas se mantiene persistentemente por encima del 30%, representa un obstáculo insalvable para el correcto funcionamiento del Poder Judicial.
El problema, lejos de ser un fenómeno reciente, es calificado por Zanetta como un vicio estructural que se ha «empeorado a niveles insospechados» con el paso del tiempo. La falta de designaciones y la consecuente sobrecarga de los tribunales restantes impactan directamente en la vida de miles de ciudadanos que ven sus procesos legales demorados durante años. «Atrás de cada expediente, de cada papel, hay un deseo de justicia, un problema, una solución», recordó Zanetta, haciendo hincapié en que las víctimas más directas de esta parálisis son los ciudadanos comunes y sus causas diarias, aquellas que no tienen la atención mediática de los grandes expedientes.
La parálisis política detrás del proceso de selección
El proceso de designación de un juez en Argentina es complejo y requiere la intervención coordinada de tres actores principales: el Consejo de la Magistratura (que llama a concurso y elabora las ternas), el Poder Ejecutivo Nacional (que elige un candidato y envía el pliego) y el Senado de la Nación (que debe aprobar el nombramiento por mayoría simple).
El punto de quiebre en la crisis, según el análisis, radica en la dinámica política de los últimos años, donde se ha instalado una «costumbre» de los gobiernos entrantes de retirar los pliegos enviados por sus antecesores. Esta práctica, que se repitió con las administraciones de Mauricio Macri, Alberto Fernández y la actual gestión de Javier Milei, genera una interrupción crónica de los nombramientos.
El presidente de AABA fue contundente al señalar la inacción del Ejecutivo actual: «Llegó Javier Milei, razonablemente, los retira [los pliegos de Fernández], pero el problema es que los retiró y en estos dos años de gobierno no mandó un solo pliego al Congreso de la Nación Argentina. Cero«.
Esta inacción se da a pesar de que el engranaje anterior, el Consejo de la Magistratura, ha avanzado en su tarea. Zanetta precisó que el Poder Ejecutivo tiene en su poder 197 ternas ya elaboradas y listas para ser enviadas al Senado, lo que permitiría cubrir una gran parte de las vacantes de forma inmediata. La demora en este paso crucial mantiene estancados a cientos de magistrados concursantes y al funcionamiento de tribunales clave.
El caso crítico de la Cámara Comercial
Para ilustrar la gravedad sistémica, Zanetta detalló la situación de la Cámara Comercial, un fuero esencial para el desarrollo económico y la resolución de conflictos empresariales y crediticios. Este tribunal, que teóricamente debería contar con seis salas y dieciocho jueces, hoy solo tiene ocho magistrados activos, sumando diez vacantes.
La situación se agravará aún más con la inminente jubilación de dos magistrados, lo que dejaría a seis jueces para atender seis salas. Este escenario obliga a la conformación irregular de salas y a la rotación de jueces para completar fallos, afectando la estabilidad, la especialidad y la celeridad de las sentencias. «Vamos rumbo a un desastre si esto no se soluciona», enfatizó Zanetta, describiendo un sistema que opera al límite de su capacidad funcional.
El costo humano de la espera
Más allá de los números y la dinámica política, la crisis institucional arrastra un profundo costo humano. La demora en los nombramientos no solo paraliza las causas, sino que también desmotiva a los postulantes que invierten años en el riguroso proceso de concurso.
El abogado señaló el sinsentido de que personas que aprobaron todas las instancias y fueron incluidas en una terna hace una década aún no tengan certeza sobre su futuro. «¿Cómo vas a querer concursar para un trabajo hoy y te lo van a responder dentro de doce años? Es inaudito», cuestionó, reflejando la frustración de una generación de profesionales que ven la carrera judicial como un camino incierto.
La advertencia final de la AABA es clara: si la tendencia actual de inacción ejecutiva se mantiene, la cantidad de vacantes podría alcanzar el 50% el próximo año. En ese punto, el sistema judicial correría el riesgo de volverse «prácticamente inviable» para la administración de justicia, minando la confianza pública en uno de los pilares fundamentales de la República.
