La medida se mantendrá por tiempo indeterminado mientras avanza la causa por presuntos gestos y comentarios discriminatorios contra empleados de un restaurante.
El caso de Agostina Páez, la turista argentina investigada por injuria racial en Brasil, sumó un nuevo capítulo judicial. Aunque este viernes fue detenida y posteriormente liberada en Río de Janeiro, la Justicia local resolvió que continúe retenida en el país con tobillera electrónica y sin autorización para regresar a la Argentina. La medida se mantendrá por tiempo indeterminado mientras avanza la causa por presuntos gestos y comentarios discriminatorios contra empleados de un restaurante.
La joven de 29 años había sido arrestada al mediodía por orden del Ministerio Público Fiscal carioca y trasladada a la Comisaría de la Rocinha, donde permaneció varias horas. Tras la intervención de su defensa, la detención fue revocada. “No existen riesgos procesales”, alegaron sus abogados, al sostener que durante más de 15 días cumplió con todas las restricciones impuestas y nunca mostró intención de fugarse. Sin embargo, los magistrados rechazaron su pedido de prisión domiciliaria y también un habeas corpus que buscaba permitirle seguir el proceso desde su país natal.
El expediente se enmarca en el delito de injuria racial, una figura que en la legislación brasileña está equiparada al racismo y contempla penas de dos a cinco años de prisión, sin posibilidad de excarcelación bajo fianza. El caso quedó a cargo del juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de Comarca de Río de Janeiro, quien deberá definir los próximos pasos. Mientras tanto, la Embajada argentina ofreció asistencia consular, aunque no interviene directamente en las decisiones judiciales.
Según trascendió por el medio Infobae, Páez se mostró angustiada tras conocer el pedido de prisión preventiva. Apenas fue notificada, se comunicó llorando con su abogado Sebastián Robles en busca de orientación. Desde su entorno consideran desproporcionada la solicitud de arresto, sobre todo porque ya estaba cumpliendo medidas cautelares, incluida la vigilancia electrónica. En el pedido de detención, las autoridades brasileñas argumentaron: “Si bien se han impuesto medidas cautelares distintas de la prisión, incluida la vigilancia electrónica, dichas medidas no han demostrado ser suficientes para neutralizar el peligro procesal existente“.
La defensa insiste en que la acusada siempre se ajustó al proceso y que no existen fundamentos para endurecer su situación. “Ella se sometió al debido proceso, tiene la tobillera, no puede salir del país. Estamos en una situación donde no existen los peligros procesales”, explicó el letrado. Y agregó: “Si no ha violado la medida de salir del país en los primeros días, obviamente que no se tendría por qué agravar la situación, sino ya entraríamos en una pena anticipada, que ya estamos al borde de violar esos derechos internacionales”. Con el expediente aún abierto, la joven deberá permanecer en Brasil a la espera de nuevas resoluciones judiciales.
