La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la intimación de pago por más de 85 millones de pesos impuesta por el Tribunal de Bahía Blanca. Juan Ignacio Suris, como jefe de la asociación ilícita fiscal, deberá afrontar el 60% del monto total en concepto de daño al Estado.
En un fallo que cierra una de las aristas económicas más complejas de los últimos años en la justicia federal bahiense, la Cámara Federal de Casación Penal avaló la ejecución de la reparación económica impuesta a los condenados en la causa por asociación ilícita fiscal. La resolución confirma que el grupo, liderado por Juan Ignacio Suris, deberá abonar la suma de $85.625.636,72 para resarcir el perjuicio causado al erario público mediante la emisión de facturas apócrifas.
El respaldo de Casación
Los jueces Diego G. Barroetaveña, Gustavo M. Hornos y Javier Carbajo rechazaron el recurso presentado por la defensa de los imputados, que buscaba evitar el desembolso millonario. Según los magistrados, la intimación de pago realizada por el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca no vulnera garantías constitucionales ni excede las facultades del juez de ejecución, sino que cumple con lo pactado originalmente en el acuerdo de juicio abreviado y la posterior sentencia firme.
El fallo subraya que la medida es una consecuencia directa de la condena y busca instrumentar de manera efectiva el recupero de los fondos evadidos al fisco nacional a través de la organización delictiva.
El rol de Suris y la división del pago
Durante la etapa de ejecución de la sentencia, la Justicia determinó que, ante la imposibilidad de concretar el pago de manera solidaria por parte de todos los integrantes, correspondía establecer porcentajes individuales de responsabilidad económica.
En este reparto, el peso recayó mayoritariamente sobre Juan Ignacio Suris. El juez le asignó el 60% del monto total de la reparación, basándose en su rol probado como jefe de la organización. Para la Justicia, Suris fue el cerebro detrás de la «usina de facturas», la estructura dedicada a la creación de comprobantes de ventas de servicios inexistentes que permitía a diversas empresas evadir el pago de impuestos nacionales.
Un mensaje contra los delitos de guante blanco
Con esta ratificación, la Justicia Federal busca dar una señal clara sobre la importancia de la recuperación de activos en delitos económicos. Más allá de las penas de prisión que ya fueron impuestas y que los condenados han comenzado a transitar, la ejecución de este monto millonario apunta a golpear la estructura financiera que permitió el funcionamiento de la asociación ilícita durante años en la región.
