La Dirección General de Fiscalización municipal informó los resultados de los procedimientos realizados entre el 28 de febrero y el 6 de marzo. Los controles, motivados por denuncias vecinales y rutinas de inspección, derivaron en secuestros de mercadería y clausuras en diversos rubros.
El Municipio de Bahía Blanca, a través de su Dirección General de Fiscalización, completó una semana de intensos controles en establecimientos comerciales de todo el distrito. Según el informe oficial, en el periodo comprendido entre el 28 de febrero y el 6 de marzo, se concretaron un total de 129 inspecciones. Estos operativos surgieron tanto de la planificación de rutina de la dependencia como de alertas y denuncias radicadas por los propios ciudadanos.
Como balance de estas actuaciones, el personal municipal labró 109 actas de inspección y 32 actas de constatación por diversas irregularidades que afectan el normal funcionamiento del comercio local y la seguridad de los consumidores.
Detalle de las infracciones por rubro
El desglose de las actuaciones permite identificar las principales áreas de conflicto detectadas por los inspectores:
Bromatología: Fue el área con mayor actividad crítica, registrándose 19 actas de constatación. Los procedimientos incluyeron el secuestro de mercadería no apta para el consumo, detección de faltas de higiene, clausuras preventivas y un riguroso control sobre el transporte de sustancias alimenticias para garantizar la cadena de frío y salubridad.
Habilitaciones: Se labraron 9 actas de constatación. En este segmento, las principales faltas estuvieron vinculadas a comercios que operaban sin la debida autorización municipal, lo que derivó en clausuras inmediatas en los casos más graves.
Nocturnidad: Se efectuaron 2 actas de constatación. Los controles en este rubro se centraron en la verificación de habilitaciones para el funcionamiento nocturno y el cumplimiento de las normativas de seguridad, resultando también en clausuras.
Desde la Dirección de Fiscalización recordaron que estos operativos buscan no solo sancionar el incumplimiento, sino asegurar que la actividad comercial en la ciudad se desarrolle bajo estándares de higiene y legalidad que protejan a toda la comunidad.
