La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó una medida cautelar que exige al Poder Ejecutivo la actualización de los salarios docentes y la recomposición de las becas estudiantiles. El fallo desestima los argumentos oficiales que buscaban suspender la ejecución de la norma aprobada por el Congreso.
En un fallo de alto impacto político y educativo, la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia de primera instancia que ordena al Poder Ejecutivo Nacional el cumplimiento de puntos clave de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria. La resolución, firmada el 31 de marzo de 2026, representa un duro revés para la estrategia oficial de contención de gastos en el sector académico.
La disputa judicial se originó tras la promulgación de la ley en octubre de 2025. Si bien el Congreso había insistido con la norma tras el veto presidencial —alcanzando la mayoría de dos tercios necesaria—, el Ejecutivo había condicionado su aplicación mediante el decreto 759/25. El Gobierno nacional argumentaba que, según la Ley 24.629, toda norma que disponga gastos debe prever su financiamiento de forma expresa; caso contrario, su ejecución quedaba suspendida.
Los puntos que el Gobierno debe acatar
La Sala III, integrada por los magistrados Sergio Gustavo Fernández y Jorge Eduardo Morán, rechazó los agravios presentados por el Estado Nacional. Con esta decisión, se mantiene firme la medida cautelar que obliga a cumplir de manera inmediata con los artículos 5 y 6 de la ley:
Actualización Salarial (Art. 5): Se debe proceder a la recomposición de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas nacionales por el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2023 y la sanción de la ley.
Becas Estudiantiles (Art. 6): Se ordena la recomposición de todos los programas de becas destinados al estudiantado, garantizando el acceso y la permanencia en el sistema educativo.
El razonamiento de la Cámara
El tribunal consideró que los planteos del Ejecutivo no logran desvirtuar la necesidad de la medida cautelar. El fallo destaca que la ley ya fue confirmada por el Poder Legislativo bajo los mecanismos constitucionales y que la protección del financiamiento universitario es una prioridad que no puede quedar supeditada a interpretaciones reglamentarias que dilaten su cumplimiento.
La causa, impulsada originalmente por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) bajo la figura de amparo, suma así un nuevo capítulo que fortalece la posición de las casas de altos estudios en su reclamo presupuestario. No obstante, desde los gremios docentes advirtieron que, si bien el fallo es un «paso estratégico», las medidas de fuerza se mantendrán hasta que la actualización salarial se vea efectivamente reflejada en los haberes.
