El Tribunal en lo Criminal N.º 3 sentenció a Claudio Gustavo Montecino a más de cinco años de cárcel tras un juicio abreviado. El delincuente hirió a la víctima en las manos y le sustrajo el teléfono celular tras un violento forcejeo.
La justicia bahiense dictó una condena de cumplimiento efectivo para el responsable de un violento asalto contra una trabajadora de la educación en las inmediaciones del Barrio Pacífico. El Tribunal en lo Criminal N.º 3 condenó a Claudio Gustavo Montecino a la pena de 5 años y 3 meses de prisión, tras hallarlo culpable del delito de robo agravado por el uso de arma.
El hecho, que fue instruido por la UFIJ N.º 11 bajo la dirección del fiscal Diego Conti, ocurrió el pasado 12 de noviembre de 2025. Según consta en el expediente judicial, la víctima, una docente que acababa de cumplir su jornada laboral en un establecimiento educativo de la zona, caminaba por el sector de calles Paunero y España cuando fue interceptada por el ahora condenado.
Violencia y forcejeo
Montecino abordó a la mujer utilizando un cuchillo de mango oscuro para amedrentarla. Mientras profería insultos y exigía la entrega de sus pertenencias, el delincuente realizó movimientos punzantes dirigidos hacia la zona abdominal de la docente, simulando que iba a asestarle una puñalada.
Ante la amenaza, la víctima intentó resistir el asalto, lo que derivó en un forcejeo físico. Como consecuencia de la lucha por evitar el robo, la mujer sufrió heridas de diversa consideración en ambas manos producto del contacto con el arma blanca. Durante la disputa, ambos cayeron al suelo, momento en que terceros intervinieron para auxiliar a la maestra. Ante la presencia de testigos, Montecino emprendió la huida a pie por calle España hacia Avenida Arias, llevándose consigo el teléfono celular de la damnificada.
Resolución judicial
La investigación técnica y las pruebas recolectadas por la fiscalía permitieron identificar y localizar fehacientemente a Montecino. En el marco de un juicio abreviado, el tribunal ratificó la autoría del hecho y la gravedad del accionar del imputado, dictaminando una pena que supera los cinco años de encierro.
Este fallo judicial cierra un proceso que generó preocupación en la comunidad educativa del sector, reafirmando la sanción penal ante actos de violencia urbana que vulneran la integridad de los ciudadanos
