Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela que el poder adquisitivo del sector cayó un 34,2% desde finales de 2023. El proyecto del Gobierno para modificar la Ley de Financiamiento Universitario consolidaría un recorte real del 35,1% en el presupuesto del sistema de educación superior.
La crisis presupuestaria en las Universidades Públicas Nacionales ha alcanzado un punto crítico que trasciende los números macroeconómicos para impactar directamente en el sustento de sus trabajadores. Según un reciente relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el salario real del personal docente y no docente acumuló una pérdida del 34,2% entre noviembre de 2023 y abril de 2026. Esta caída, concentrada mayoritariamente en el primer tramo de 2024, ha dejado a gran parte del escalafón universitario en una situación de vulnerabilidad alimentaria y social.
El informe destaca un dato alarmante: al comparar los salarios brutos de marzo de 2026 con la Canasta Básica Total (CBT), solo los docentes titulares con dedicación exclusiva y el personal no docente de categorías 1 y 2 logran superar la línea de pobreza. El resto de los cargos, incluidos los auxiliares y Jefes de Trabajos Prácticos (JTP), percibe ingresos que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de un hogar tipo.
Pobreza e indigencia en el aula
La situación se agrava al analizar la dedicación de los profesionales. En el caso de los docentes con dedicación semi-exclusiva y simple, el panorama es de indigencia: solo los titulares y asociados con dedicación semi-exclusiva superan la Canasta Básica Alimentaria (CBA). Esto implica que la totalidad de los docentes con dedicación simple se encuentran hoy por debajo de la línea de indigencia, percibiendo ingresos que no garantizan la subsistencia nutricional básica.
A modo de ejemplo histórico, un Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) con dedicación semi-exclusiva percibía en noviembre de 2015 un salario equivalente a $1.187.482 (a valores actuales de septiembre 2026), mientras que en abril de 2026 ese mismo cargo cobra apenas $584.413. Esta reducción del 50,8% en términos reales evidencia el deterioro sistemático del empleo universitario en la última década, profundizado drásticamente en los últimos dos años.
El conflicto por la Ley de Financiamiento
La disputa central radica en la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Sancionada por el Congreso en agosto de 2025 y ratificada tras un veto presidencial en octubre del mismo año, la ley fue suspendida por el Ejecutivo mediante el Decreto 759/2025. A pesar de que la Justicia ordenó su cumplimiento en diciembre de 2025, el Gobierno Nacional envió un nuevo proyecto de ley al Congreso para modificarla y limitar los aumentos.
Mientras que la «Ley insistida» permitiría recuperar prácticamente el nivel presupuestario de 2023, el nuevo proyecto oficialista consolidaría un ajuste real del 33,9% frente a aquel año. En materia salarial, la propuesta del Gobierno prevé aumentos del 12,3% para todo 2026, una cifra que ya ha sido superada por la inflación acumulada en los primeros cinco meses del año y que proyecta una pérdida adicional del poder adquisitivo hacia septiembre
