Un análisis del Centro de Economía Política Argentina sobre la segunda revisión del Fondo Monetario Internacional expone los detalles ocultos del programa económico, la flexibilización de las metas de reservas y el impacto directo sobre el empleo, los salarios y las jubilaciones
El ancla fiscal y el déficit financiero oculto
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) presentó un informe detallado sobre el Staff Report correspondiente a la segunda revisión del programa Extended Fund Facility (EFF) con el FMI, aprobado originalmente en abril de 2025. El análisis de mayo de 2026 revela que el organismo considera fundamental sostener el ajuste fiscal, sugiriendo recortes en gasto social, subsidios energéticos, salarios públicos y obra pública por un total de 1,4% del PBI para alcanzar un superávit primario de al menos $16,34 billones en 2026. Para salvaguardar esta ancla, el Gobierno optó por incumplir las leyes de Financiamiento Universitario y de pensiones por Discapacidad, además de postergar por seis meses la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
El informe de CEPA advierte sobre un mecanismo contable implementado para matizar el déficit financiero. Mientras el Tesoro Nacional registró un superávit financiero del 0,2% del PBI ($2,33 billones) durante 2025, el organismo multilateral aclaró en una nota al pie de su reporte que este cálculo excluye los pagos de intereses sobre los bonos cupón cero (intereses capitalizados). Al incluir este componente real de títulos como LECAP, BONCAP y bonos DUALES —que sumaron $28,75 billones en 2025 y $9,63 billones en el primer cuatrimestre de 2026—, el resultado financiero real se torna deficitario por aproximadamente $6,72 billones, equivalente al 0,8% del PBI. Con respecto a las metas de 2026, si bien el objetivo de junio disminuyó y resulta alcanzable ($7,58 billones acumulados a abril frente a una meta modificada de $6,86 billones), la dinámica estacional actual dejaría al Tesoro $4,55 billones por debajo de la meta exigida para fin de año ($16,26 billones), lo que obligaría a aplicar nuevos recortes.
Flexibilización de reservas y debate sobre la inflación
En materia de Reservas Internacionales Netas (RIN), el FMI otorgó un alivio significativo al Gobierno al flexibilizar la meta de mitad de año en casi USD 15.000 millones. Esto se logró mediante dos vías: la actualización en la valuación de los activos a los precios del 31 de diciembre de 2025 (lo que generó una ganancia contable de USD 3.000 millones en el oro computable debido al incremento del 50% en su cotización internacional) y la recalibración nominal de la meta de junio de 2026, que pasó de un requerimiento de USD +3.200 millones a USD -8.600 millones (un alivio de USD 11.800 millones). Gracias a este cambio metodológico, la variación acumulada de las RIN al 15 de mayo de 2026 (de USD -5.064 millones) supera el nuevo objetivo intermedio por USD 3.536 millones, una situación opuesta al esquema original que hubiese exigido acumular USD 8.264 millones adicionales.
Por el lado de los precios, el FMI advirtió que el prolongado retraso en la actualización de la canasta del IPC (que sigue utilizando datos de 2004 en lugar de la encuesta ENGHo 2017/18) vuelve obsoleta e inexacta la medición oficial del INDEC, aunque avaló postergar la nueva metodología hasta que la desinflación esté consolidada. CEPA calcula que si se hubieran aplicado los ponderadores actualizados desde diciembre de 2023, la inflación acumulada a abril de 2026 sería del 352,6% en lugar del 303,5% oficial, abriendo una brecha de 49,1 puntos porcentuales. Adicionalmente, la meta anual del FMI del 25,0% para todo 2026 exigiría un promedio mensual del 1,4% en los próximos 8 meses, una proyección que colisiona con el 30,5% anual estimado por el REM.
La economía dual: empleo en caída y morosidad récord
El informe convalidó la existencia de un modelo económico a «dos velocidades». Los sectores dinámicos y ganadores (Sectores primarios como Agricultura con +47,0%, Minería con +20,1% e Intermediación Financiera con +19,7%) explican apenas el 9,2% del empleo registrado privado. En contraste, los sectores de peor desempeño relativo y que más mano de obra intensiva demandan evidencian un marcado retroceso: la Construcción cayó un 13,8%, la Industria manufacturera un 9,4% y el Comercio un 5,0%, concentrando en su conjunto el 44,4% de los puestos de trabajo privados. Desde el inicio de la gestión de Milei se perdieron 327.813 empleos registrados (55.206 de ellos desde las elecciones de octubre de 2025). En paralelo, el salario real de los trabajadores registrados acumula una caída del 3,3% hasta marzo de 2026 según el INDEC, pérdida que se profundiza al 18,3% acumulado si se mide con la inflación actualizada por CEPA
Esta contracción de los ingresos reales provocó un estancamiento del crédito privado y un aumento histórico de la morosidad en las familias. En los proveedores financieros tradicionales (bancos), la irregularidad saltó del 2,5% en octubre de 2024 al 11,5% en marzo de 2026 (con un anticipo del 12,0% en abril), consolidando el nivel más elevado desde la crisis de 2001. El panorama es aún más crítico en los Proveedores No Financieros de Crédito (fintechs y billeteras virtuales), donde la morosidad escaló del 7,3% al 30,7% en el mismo período, superando el pico registrado durante la pandemia de COVID-19. El FMI manifestó su preocupación ante el riesgo de un contagio sistémico hacia la banca tradicional y solicitó profundizar el monitoreo sobre estos sectores.
Reformas estructurales: previsión, subsidios y hoja de ruta impositiva
De cara al mediano y largo plazo, el programa con el FMI contempla una serie de reformas de profundo impacto estructural:
Reforma previsional: El FMI califica el sistema como «fiscalmente insostenible» (gasto de 8,5% del PBI frente a ingresos de 4,25%) y promueve eliminar las moratorias, suprimir el piso de 30 años de aportes para pagar beneficios proporcionales, unificar regímenes especiales, aumentar la edad jubilatoria indexada a la esperanza de vida e igualar el retiro entre hombres y mujeres. El Gobierno se comprometió a enviar las opciones de reforma al Congreso a fines de 2027. En el corto plazo, la fórmula del DNU 274/2024 consolidó la licuación del poder adquisitivo: las jubilaciones mínimas con bono (congelado en $70.000 desde marzo de 2024) perdieron un 19,4% real frente al cierre de la gestión anterior.
Subsidios energéticos: Desde enero de 2026 rige el Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), con una clasificación binaria (hogares con o sin subsidio). Los hogares elegibles reciben un descuento del 50% solo sobre un bloque básico de consumo mensual, pagando tarifa plena por todo excedente. En gas se avanzó en reducir las áreas amparadas bajo el régimen de «zona fría» (con media sanción legislativa el 20 de mayo).
Reforma tributaria: El Fondo delineó una hoja de ruta para recaudar un 3,3% del PBI adicional mediante la eliminación de exenciones de IVA (0,4%), quita de beneficios en Tierra del Fuego (0,4%), ampliación de Ganancias para alcanzar al menos al 20% de los asalariados formales (0,4%) y un fuerte incremento en las tasas y aportes del Monotributo (1,0%). También propone reemplazar Ingresos Brutos por un IVA dual (federal y provincial), lo que obligaría a 20 de las 24 provincias a aplicar alícuotas mayores al 20% para compensar la pérdida de recaudación.
Privatizaciones: Se proyecta recaudar USD 4.000 millones entre 2026 y 2027 mediante la venta y concesión de empresas amparadas en la Ley Bases, con mención explícita a los procesos iniciados en Transener (USD 365 millones) y AySA (USD 500 millones), además de la concesión de 9.000 kilómetros de rutas y licitaciones ferroviarias.
Finalmente, el FMI catalogó la deuda pública argentina como «sustentable pero no con alta probabilidad» debido a las abultadas necesidades brutas de financiamiento y el nulo acceso al crédito internacional voluntario, evaluando el riesgo global y de largo plazo como alto
