Amnistía Internacional presentó una acción judicial contra la comuna bonaerense tras detectar la aplicación de un protocolo paralelo en los centros de salud locales. El mecanismo implementado violaba la Ley Nacional 27.610 al desalentar y dilatar la atención de las pacientes.
El protocolo bajo cuestionamiento
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional radicó una demanda judicial contra la intendencia del partido de San Isidro por la implementación de un protocolo ilegal en los sanatorios municipales. De acuerdo con la presentación efectuada ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.° 2 de San Isidro, las autoridades locales reconocieron formalmente la existencia de este procedimiento paralelo, el cual contradice las garantías dispuestas en la Ley Nacional 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
El mecanismo denunciado consistía en someter a las personas gestantes que solicitaban asesoramiento a cuestionarios psicológicos y prácticas de persuasión moral dirigidas a modificar su decisión. Los testimonios recolectados indicaron que se retenía a las pacientes en dependencias específicas y se dilataban los plazos administrativos con el objetivo de forzar la derivación de los casos hacia distritos vecinos, principalmente San Martín.
Irregularidades administrativas y barreras de acceso
La demanda judicial advierte sobre severas anomalías en el funcionamiento del sistema sanitario de San Isidro, entre las que se destacan:
Manejo indebido de datos: Se denunció el quebrantamiento de la confidencialidad y del secreto médico, incluyendo llamados telefónicos insistentes a las pacientes por parte de personas ajenas al seguimiento clínico de rutina.
Centralización de la atención: El protocolo impedía la resolución de las solicitudes en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), concentrando la totalidad de las intervenciones en el Hospital Materno Infantil de San Isidro, lo que constituyó una objeción de conciencia institucional encubierta.
Intervención de terceros: Se constató la participación dentro de las estructuras de salud de miembros de la ONG «Alégrate madre», entidad integrada a la Red Conin.
La falta de respuestas a los pedidos de informes presentados en el Concejo Deliberante por el concejal Manuel Schupisser (UxP) aceleró la vía judicial, marco en el cual el Ejecutivo local debió admitir la aplicación de las directivas cuestionadas.
Riesgos para los equipos de salud y continuidad de las prácticas
La presentación de Amnistía Internacional subraya que el protocolo no solo vulnera los derechos de las pacientes, sino que expone a contingencias penales a los propios efectores de salud, dado que la legislación vigente contempla sanciones para quienes dilaten u obstaculicen de forma injustificada un aborto legal.
Asimismo, la organización señaló que este patrón de obstrucción se viene registrando de manera sostenida durante los años 2024 y 2025, y ha persistido a lo largo de 2026. Los últimos relevamientos dan cuenta de presiones directas y amenazas de apercibimientos laborales hacia los profesionales del Hospital Materno Infantil para forzarlos a declararse objetores de conciencia.
