Con el objetivo de reforzar la seguridad pública y evitar accidentes domésticos fatales, ingresó al Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca un proyecto de ordenanza para regular y controlar las instalaciones de gas en inmuebles destinados a alquileres temporarios. La iniciativa fue presentada por el concejal Carlos Walter Alonso, integrante del bloque de La Libertad Avanza. El proyecto ingresó formalmente al cuerpo legislativo el pasado 23 de junio,
El documento fundamenta la urgencia de la medida en la alta toxicidad del monóxido de carbono —un gas incoloro e inodoro— y en el hecho de que este tipo de viviendas turísticas o de corta estadía registran una alta rotación de inquilinos que, por lo general, desconocen el estado real de los artefactos. Al tratarse de una problemática evitable mediante revisiones periódicas, el proyecto busca que el Municipio ejerza su poder de policía para salvaguardar tanto a residentes como a turistas.
De avanzar la normativa, los titulares o administradores de los inmuebles ofrecidos a través de contrataciones directas o plataformas digitales (como Airbnb o Booking) estarán obligados a presentar un informe técnico anual. Dicha certificación deberá ser expedida por un gasista matriculado y tendrá que garantizar el correcto funcionamiento de los artefactos, la adecuada ventilación de los ambientes, el tiro seguro de los conductos y la inexistencia de fugas. Este certificado deberá estar visible en la propiedad y en los anuncios digitales de la misma.
Asimismo, la propuesta contempla la creación del «Registro Municipal de Alquileres Temporarios Seguros». Para dar de alta una propiedad en este padrón, los dueños tendrán que aportar la oblea del gasista, el título de propiedad, fotografías del lugar y una póliza de seguro contra terceros. La responsabilidad legal y económica del mantenimiento recaerá exclusivamente en los locadores, prohibiendo expresamente trasladar estos costos o responsabilidades a los huéspedes.
Por último, el proyecto faculta a la comuna a realizar inspecciones de oficio o por denuncias, estableciendo un severo régimen de sanciones que incluye apercibimientos, multas y clausuras preventivas para quienes incumplan la norma. Tras su promulgación, el Ejecutivo contará con 90 días para reglamentarla, otorgando un plazo idéntico de 90 días para que los propietarios adecuen sus instalaciones a las nuevas exigencias de seguridad.
