La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el inicio de una nueva etapa en su estrategia legal tras la condena en la causa denominada «Vialidad», que la inhabilitó de manera perpetua para ejercer cargos públicos. A través de una extensa misiva titulada «El costo democrático de la politización de la justicia», confirmó que presentará su caso ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En el documento, dirigido «a cada argentina y argentino», la exmandataria argumentó que la sentencia dictada en su contra tiene como fin último excluirla del escenario político y electoral. «La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria», subrayó. Asimismo, enmarcó su situación dentro de un fenómeno global de persecución a líderes populares a través del sistema de justicia, práctica conocida como lawfare.
El equipo legal y el escrutinio internacional
Para avanzar con su presentación en Ginebra, Fernández de Kirchner oficializó la incorporación de dos abogados de reconocida trayectoria internacional a su defensa: el español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el brasileño Rafael Valim, especialista en derecho administrativo.
Según detalló, el objetivo de esta nueva instancia es someter la actuación de los jueces y fiscales argentinos al escrutinio del Derecho Internacional, al considerar que los mecanismos internos del país no garantizan en la actualidad un proceso imparcial ni la protección efectiva frente a los abusos del poder estatal.
Denuncia de «machismo estructural»
Otro de los ejes centrales del texto fue la denuncia sobre un «machismo estructural» que, según sostiene la ex jefa de Estado, aún persiste en sectores del Poder Judicial argentino. «Durante años se ha pretendido juzgarme no solo por mis actos, sino fundamentalmente por mi condición de mujer», expresó. En esta línea, vinculó la estigmatización y la violencia política que enfrenta con el intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre de 2022.
Hacia el final de su mensaje, Cristina Kirchner descartó cualquier tipo de respuesta violenta ante los fallos adversos, pidió a sus seguidores «no bajar los brazos» y ratificó su plena confianza en que la revisión internacional de su condena terminará demostrando su inocencia.
