La propuesta del presidente Javier Milei para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha generado cuestionamientos. Un reciente informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en julio de 2026 analizó los alcances del proyecto oficial, señalando que la iniciativa presenta importantes contradicciones tanto a nivel internacional como en la práctica diaria de la política económica del gobierno.
El núcleo de la reforma de Milei propone establecer un objetivo unívoco para el BCRA: preservar el valor de la moneda. Según el dossier, esta meta exclusiva representa una excepción a nivel mundial. Salvo casos particulares como Perú y Colombia, la gran mayoría de los bancos centrales —incluyendo la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y los de países vecinos como Brasil y Uruguay— operan bajo mandatos múltiples que incluyen el crecimiento económico, el pleno empleo y la estabilidad del sistema financiero.
El proyecto oficial invoca como modelo a seguir al Banco Central de Reserva de Perú (BCRP), el más restrictivo de la región. Sin embargo, el informe advierte que la iniciativa argentina endurece aún más esas limitaciones: añade sanciones penales por emisión monetaria (asimilando el señoreaje a la falsificación) y prohíbe completamente el financiamiento, eliminando herramientas de política monetaria que el modelo peruano sí conserva.
Contradicciones en la gestión y autonomía
Más allá del texto del proyecto, el estudio de CEPA pone el foco en las acciones de la actual administración. El documento subraya la contradicción entre el discurso de prohibir la financiación al Tesoro y el hecho de que, durante 2024, 2025 y 2026, el Gobierno utilizó giros de utilidades del BCRA por un equivalente a USD 24.200 millones (más de 36 billones de pesos) para alimentar las arcas estatales y cancelar deuda.
Asimismo, el informe cuestiona la pregonada independencia de la autoridad monetaria. Como principal evidencia, recuerda que el propio presidente Milei admitió públicamente haber convocado al equipo económico para ordenar de manera directa el desarme de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI), una decisión que debería ser potestad exclusiva del directorio del Banco Central.
A esto se suman otras señales que, según el dossier, desdibujan la autonomía institucional: el rol del ministro de Economía, Luis Caputo, como vocero de las transferencias de oro al exterior; la participación recurrente del titular del BCRA, Santiago Bausili, en las reuniones de Gabinete del Poder Ejecutivo; y la permanencia del directorio «en comisión», operando sin la aprobación definitiva del Senado.
