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El Colegio de Médicos rechazó los cuestionamientos del diputado Juan Esper

La entidad calificó de falsas las declaraciones del legislador bonaerense, quien acusó a los colegios profesionales de actuar como tribunales implícitos contra la objeción de conciencia. Desde la institución exigieron una retractación formal y remarcaron que dicho derecho ya está protegido por el Código de Ética.

Rechazo a las acusaciones y defensa de la labor institucional

El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires expresó su repudio a los dichos del diputado provincial Juan José Esper, formulados a partir de un proyecto presentado para normar la objeción de conciencia en el sistema de salud. El legislador había afirmado en medios periodísticos que las resoluciones de las entidades colegiadas funcionan como un tribunal de disciplina implícito sobre las convicciones de los profesionales.

Desde el Consejo Superior de la entidad respondieron de manera contundente, definiendo los planteos como malintencionados y distorsionados de la realidad deontológica. En ese sentido, remarcaron que el poder de policía delegado por la Ley Provincial 5413 busca garantizar la solvencia científica y el apego ético en el ejercicio de la medicina, negando rotundamente que las instituciones funcionen como mecanismos de persecución o avasallamiento de derechos individuales.

Protección de la objeción de conciencia y pedido de retractación

Respecto al debate de fondo, el organismo recordó que la libertad de conciencia de los médicos se encuentra expresamente garantizada en el Código de Ética Médica. La normativa contempla que se trata de un derecho imprescindible para asegurar la independencia profesional y establece expresamente que de su invocación no puede derivarse ningún tipo de perjuicio para los trabajadores de la salud.

Debido a la gravedad de las imputaciones, la conducción del colegio exigió una retractación formal por parte del legislador bonaerense. Asimismo, instó a debatir la objeción de conciencia con responsabilidad y pleno conocimiento del marco legal vigente, advirtiendo que deslegitimar el rol constitucional de las entidades profesionales debilita las garantías asistenciales de médicos y pacientes.

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