Un marco normativo para la inclusión laboral
La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires aprobó de manera definitiva la adhesión formal al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad, regulado por la Ley Nacional N° 26.816 y su Decreto Reglamentario 1771/2015. El proyecto, presentado por la senadora radical Nerina Neumann, establece un instrumento normativo enfocado en consolidar las políticas públicas de integración laboral en sintonía con el artículo 36º inciso 5 de la Constitución Provincial y las directrices de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.
La medida dispone mecanismos de fortalecimiento técnico y económico destinados a los organismos públicos y privados sin fines de lucro encargados de generar entornos protegidos de producción. El objetivo central abarca el desarrollo de competencias, la generación de empleo remunerado y el apoyo continuo a los trabajadores dentro del mercado laboral del ámbito bonaerense.
Los tres esquemas de empleo protegido
La legislación sancionada articula el trabajo adaptado en tres modalidades específicas, diseñadas según las capacidades funcionales y requerimientos de cada persona:
Taller Protegido Especial para el Empleo (TPEE): Enfocado en la adquisición y mantenimiento de habilidades operativas alineadas con las demandas del mercado local, con esquemas de jornadas que se extienden entre un mínimo de 4 y un máximo de 8 horas diarias.
Taller Protegido de Producción (TPP): Orientado a la elaboración de bienes o prestación de servicios dirigidos al comercialización abierta, garantizando empleo remunerado junto con servicios complementarios de adaptación social y laboral.
Grupos Laborales Protegidos (GLP): Células operativas integradas por personas con discapacidad dentro de empresas públicas o privadas, donde las firmas contratantes asumen el compromiso de brindar capacitación y asistencia técnica para favorecer la transición progresiva hacia el empleo formal no protegido.
Ambas modalidades de talleres podrán ser administradas por instituciones públicas o entidades privadas sin fines de lucro que cuenten con la personería jurídica correspondiente. Tras la aprobación en el recinto, la senadora Neumann remarcó que la norma constituye un paso clave para superar barreras estructurales, garantizar el derecho a un trabajo digno y equiparar las oportunidades en toda la geografía provincial
