El endurecimiento normativo y la marcha atrás de los gigantes globales
El escenario de la exploración y explotación de recursos en el Atlántico Sur registró un cambio de profunda relevancia geopolítica y corporativa. Las tres compañías de servicios petroleros más importantes a nivel global —SLB (ex Schlumberger), Baker Hughes y Halliburton— anunciaron formalmente que no participarán de ningún proyecto hidrocarburífero ni en los procesos de licitación en las Islas Malvinas ni en los espacios marítimos e insulares circundantes.
El pronunciamiento en cadena de estas firmas multinacionales, todas con sedes operativas centrales en Estados Unidos y Europa, se produjo como respuesta directa a las recientes medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional. A través de la publicación en el Boletín Oficial del decreto 868/26, el Gobierno encabezado por Javier Milei estableció un régimen sancionatorio más riguroso para las firmas que operen en la plataforma continental argentina sin contar con la correspondiente habilitación estatal. Dicha normativa endurece las disposiciones contempladas originalmente en la Ley 26.659 —sancionada en 2011 y reformada en 2015—, fijando inhabilitaciones administrativas y legales severas.
La primera en emitir un pronunciamiento público durante las primeras horas del sábado fue la multinacional SLB. En un comunicado institucional, la firma citó explícitamente el decreto 868/26 y ratificó que «no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes», concluyendo con una reafirmación de su compromiso con las normas vigentes en el país.
Posicionamientos corporativos y preservación de activos
A la posición adoptada por SLB se sumó de manera inmediata Baker Hughes, con sede central en Houston, la cual emitió un comunicado de idéntico tenor al confirmar que no tiene intervención ni proyecciones de participar en licitaciones en el área de disputa soberana. Por su parte, la firma Halliburton emitió una declaración institucional en la que subrayó su respeto a la soberanía argentina y el compromiso con el desarrollo energético del país.
En su informe oficial, la subsidiaria local de la compañía detalló: «Halliburton Argentina S.A. no participa en el Proyecto Sea Lion ni en ninguna actividad relacionada de exploración o producción que se lleve a cabo en torno a las Islas Malvinas. Halliburton Argentina S.A. desarrolla sus operaciones en pleno cumplimiento de las leyes y regulaciones de la República Argentina». Con esta aclaración, las tres empresas se desmarcaron de los proyectos impulsados por el gobierno ilegítimo de las islas, resguardando sus estructuras de cualquier posible inhabilitación legal para operar en el territorio continental.
El peso decisivo de Vaca Muerta en la balanza comercial
El factor determinante que impulsó a estos gigantes de los servicios petroleros a alinearse con la normativa argentina radica en la envergadura de sus negocios en la formación no convencional de Vaca Muerta. Como empresas especializadas en provisión de tecnología, equipamiento pesado, perforación de pozos y evaluación de reservorios, su facturación en la cuenca neuquina supera ampliamente las proyecciones de inversión de las áreas en litigio en el Atlántico Sur.
En el caso de SLB, que opera en más de 100 países, la compañía mantiene contratos millonarios con los principales actores del sector hidrocarburífero local, entre los que figuran YPF, Vista Energy, Tecpetrol y Pluspetrol. Incluso durante la presente semana, el máximo ejecutivo de SLB en la Argentina, Patricio Whitney, proyectó en un encuentro realizado en Houston un incremento sustancial en el volumen de pozos en Vaca Muerta a partir de los incentivos previstos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Frente a este horizonte de crecimiento comercial sostenido, rentable y jurídicamente seguro en el territorio continental argentino, las tres compañías prefirieron cerrar cualquier posibilidad de incursión en el proyecto Sea Lion o áreas adyacentes a las Malvinas, priorizando sus alianzas estratégicas y contratos vigentes en el país por sobre las ofertas británicas en la región insular.
