El expresidente Alberto Fernández fue objeto de una denuncia penal presentada ante los tribunales federales de Comodoro Py, bajo los graves cargos de traición a la patria y revelación de secretos de Estado. La acción judicial surgió a partir de las repercusiones generadas por sus recientes manifestaciones públicas en las que se refirió al estado de desfinanciamiento y la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas en relación con la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas.
La presentación judicial enfatiza la responsabilidad institucional que recae sobre el exmandatario debido a su rol histórico como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas durante su gestión en el Ejecutivo. El texto argumenta que, al exponer de manera pública datos sensibles vinculados al estado de la defensa nacional, el exjefe de Estado habría sobrepasado los límites de la libertad de expresión política, afectando presuntamente intereses estratégicos de la Nación.
«Corresponde determinar judicialmente si existió algún tipo de conducta penalmente relevante al haber expuesto públicamente la situación de las capacidades militares del Estado argentino», detalla el escrito presentado en el fuero federal.
La causa se inicia en un contexto político marcado por la reciente reactivación de la agenda diplomática y militar vinculada al Atlántico Sur, atravesada por los anuncios del Gobierno nacional en torno a la protección de los recursos naturales en el archipiélago y la tensión en las relaciones bilaterales con el Reino Unido. Con el expediente ya radicado en el fuero Criminal y Correccional Federal, la Justicia deberá llevar adelante el sorteo de rigor para designar al juez y al fiscal encargados de evaluar si la denuncia reúne los elementos necesarios para impulsar una investigación penal formal.
