Un conjunto compuesto por más de veinte organizaciones políticas, agrupaciones sociales, centrales sindicales y cámaras empresarias PyME de Bahía Blanca dio a conocer un documento público en el que manifestaron su tajante repudio a la presencia del presidente Javier Milei en el distrito. A través del comunicado, las entidades repasaron una serie de decisiones tomadas por la administración central que, según fundamentaron, afectaron de manera directa a la economía, las obras de infraestructura y la calidad de vida de los habitantes de la ciudad y de la región.
Uno de los ejes centrales del reclamo se enfoca en la respuesta estatal tras los severos temporales y catástrofes climáticas que golpearon a Bahía Blanca. En el escrito, las organizaciones denunciaron lo que definieron como «insensibilidad y abandono» por parte del Gobierno nacional, recordando expresamente la decisión del Poder Ejecutivo de vetar la ley de emergencia para la ciudad, una iniciativa que había sido aprobada por unanimidad en el Congreso de la Nación para destinar fondos a la reconstrucción urbana e infraestructura afectada.
En el plano del desarrollo económico e industrial, la declaración cuestiona la pérdida de inversiones estratégicas para el perfil productivo local. El comunicado remarca que la gestión nacional impidió la concreción del proyecto de licuefacción de gas de la petrolera Petronas en el puerto bahiense, así como la paralización total de la obra pública vial en los accesos y rutas de la zona, calificando a ambos desarrollos como pilares fundamentales para el crecimiento productivo regional.
Asimismo, el documento advierte sobre las repercusiones del esquema tarifario impulsado por la Secretaría de Energía. Las entidades firmantes señalaron la intención oficial de dar de baja la segmentación por Zona Fría en las tarifas de gas, un beneficio que permitía a miles de hogares bahienses acceder a precios diferenciados durante los meses de menor temperatura.
Finalmente, las organizaciones enmarcaron estas medidas en una crisis económica generalizada que afecta a la ciudad, caracterizada por el cierre de pequeños comercios, industrias y PyMEs, sumado al desfinanciamiento de las partidas destinadas a la salud pública y la educación. El texto concluye reafirmando el compromiso de los sectores locales con la defensa comunitaria, la empatía y la solidaridad social frente a las políticas de ajuste.
Entre los firmantes de la proclama se encuentran las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), La Cámpora, el Frente Patria Grande, el Partido Comunista, la Red de Agrupaciones Alfonsinistas, la Agrupación Juana Azurduy y el Frente Popular Patria y Futuro, entre otras entidades de la ciudad.
