El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Poder Ejecutivo Nacional reafirma el mantenimiento irrestricto del equilibrio de las cuentas públicas como regla fiscal inalterable. Sin embargo, un análisis detallado del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela que este objetivo se sostendrá mediante un aumento de la presión tributaria, recortes en organismos estratégicos para el desarrollo productivo y modificaciones estructurales en áreas de asistencia social.
En primer lugar, el escenario macroeconómico oficial plantea dudas frente a las expectativas del sector privado. El gobierno proyecta un crecimiento del PBI del 4,0% para 2027, motorizado por un salto del 9,2% en la inversión y aumentos superiores al 8% en el comercio exterior. En contraste, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estima un crecimiento de apenas 2,9%. Respecto a la inflación, el presupuesto prevé un acumulado anual del 18,0% (1,4% mensual promedio), mientras que el mercado proyecta un 20,5%. Por su parte, la cotización del dólar oficial se calcula en $1.847,6 para fines de 2027, lo que implicaría una leve apreciación cambiaria frente a los precios.
[Insertar imagen: Fotografía de la fachada del Congreso de la Nación Argentina o del recinto de la Cámara de Diputados en sesión. Fuente: Búsqueda web sugerida / Banco de imágenes]
Para sostener el superávit primario del 1,5% del PBI, el proyecto contempla un incremento de la presión tributaria, que pasará del 21,06% en 2026 al 21,70% en 2027. Como contrapartida a la caída en la recaudación por Bienes Personales y Seguridad Social, el Estado incrementará sus ingresos principalmente a través del impuesto a los combustibles líquidos, que registrará un salto del 59,3%, impactando directamente en los surtidores. También experimentarán fuertes alzas los tributos ligados al comercio exterior, con incrementos proyectados del 41,3% en Derechos de Exportación y del 39,2% en Derechos de Importación.
Un punto de fuerte controversia expuesto en el informe es la omisión del costo fiscal correspondiente al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Mientras el gobierno justificó esta ausencia argumentando que los proyectos se encuentran en etapas iniciales de implementación, los cálculos del CEPA estiman que, considerando únicamente los 23 proyectos aprobados hasta el momento (que representan inversiones por casi USD 50.000 millones), el Estado dejará de recaudar entre USD 2.888 y 3.175 millones anuales. Esta cifra equivale a casi un 0,5% del PBI, superando todo el gasto tributario en regímenes de promoción actualmente contemplado.
El ajuste del gasto público afectará de manera directa al aparato científico-tecnológico y de control agroindustrial del país. El artículo 21 del proyecto de ley elimina la asignación específica equivalente al 0,65% del valor CIF de las importaciones, lo que en la práctica significa un recorte del 60% del financiamiento estructural del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). A su vez, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) sufrirá una caída interanual del 9,6% en su cantidad de becarios, acumulando una reducción del 24% respecto al año 2023.
[Insertar imagen: Fotografía ilustrativa de laboratorios del INTI, trabajadores del CONICET o campos productivos vinculados al INTA. Fuente: Búsqueda web sugerida / Banco de imágenes]
En el ámbito social, el proyecto de ley renueva el intento del Ejecutivo de derogar la movilidad automática de las asignaciones familiares. De aprobarse el artículo 17, prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH), prenatal, por discapacidad y ayuda escolar quedarían a discreción del gobierno, lo que habilitaría su congelamiento o licuación frente a la inflación. Asimismo, se implementan profundos cambios en el Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad: el Nomenclador dejará de tener valores universales, permitiendo que cada financiador (obras sociales, prepagas o el Estado) defina los montos, lo que introducirá mayor heterogeneidad e incertidumbre para prestadores y usuarios.
Finalmente, el programa financiero estipula una fuerte dependencia del endeudamiento. Mientras se suspende la obligación de integrar el Fondo Anticíclico Fiscal con ingresos provenientes de privatizaciones, se autoriza al gobierno a emitir hasta USD 33.700 millones en moneda y jurisdicción extranjera, una cifra que supera holgadamente los vencimientos de deuda proyectados para el próximo año
