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Informes oficiales del Ministerio de Salud confirmaron sobreprecios de hasta el 1.900% en la ANDIS

Una serie de auditorías e informes técnicos presentados ante la Justicia Federal por el propio Ministerio de Salud y por el exsecretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, sacaron a la luz un entramado de presuntas irregularidades y sobreprecios de hasta el 1.972% en las compras efectuadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La documentación, a la que tuvo acceso el diario La Nación, detalla un abanico de anomalías que incluyen pagos duplicados a proveedores, la adquisición de insumos importados de menor durabilidad a costos significativamente superiores que los nacionales y productos que fueron facturados como entregados pero que jamás llegaron a manos de los beneficiarios.

La investigación judicial incorpora las conclusiones de dos informes técnicos claves, fechados el 15 de octubre de 2025 y el 10 de abril de 2026. En dichos dictámenes, los propios funcionarios y especialistas del área de Salud calificaron las maniobras bajo análisis como «desvíos que resultan técnicamente indefendibles». Uno de los casos más flagrantes expuestos en la causa corresponde a la adquisición de un sistema de válvulas bicaval transcatéter: el 8 de julio de 2025, la ANDIS le abonó $425 millones a la firma Farma Salud por este insumo, mientras que el PAMI había adquirido exactamente el mismo dispositivo en marzo de ese año por $124,2 millones, lo que representa un sobreprecio que supera el triple del valor abonado por el organismo estatal.

Las anomalías también salpican a las compras de endoprótesis y válvulas pulmonares, con brechas de precios que alcanzaron el 711%, y a la adquisición de implantes cocleares provistos por la empresa Droguería Floresta. En este último rubro, la ANDIS pagó un valor promedio de 62.613 dólares por unidad, cuando el precio de referencia en el mercado rondaba los 16.975 dólares, registrándose allí un sobreprecio del 269%. Asimismo, se detectó que a la proveedora Indecomm se le habría abonado por duplicado una factura de $28,7 millones, mientras que la empresa Neurosalud cobró $132,4 millones por un neuroestimulador en junio de 2025, dispositivo que el PAMI había conseguido un mes antes por $41,5 millones.

El segundo informe, elaborado en abril de este año, reveló además presuntos errores deliberados en la categorización técnica de insumos como sillas de ruedas y elementos ortopédicos. Según los auditores, se facturaron unidades por montos de entre $11 millones y $14,9 millones cuando, según el cuadro clínico y las necesidades de los pacientes, correspondía la provisión de equipos de menor complejidad cuyos valores de mercado oscilaban entre $1,3 millones y $2,3 millones. A esto se suma el cuestionamiento por el uso de insumos importados con sobreprecios de entre el 300% y el 1.000%, descartando opciones de fabricación nacional que ofrecían menor costo, mayor durabilidad y mejor adaptación anatómica.

El material probatorio aportado por la cartera de Salud se integró a un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y a la causa que instruye el fiscal federal Franco Picardi, quien investiga la existencia de un sistema de contrataciones restringidas, con un número acotado de oferentes y serias irregularidades en los pliegos y procedimientos de compra. En paralelo a este avance judicial, Alejandro Vilches, responsable de presentar este último informe, renunció intempestivamente a su cargo la semana pasada invocando «razones estrictamente personales», una decisión que tomó por sorpresa al propio ministro de Salud, Mario Lugones, quien se anotició de la baja a través del sistema interno de la cartera.

Toda esta evidencia complica de manera crítica la situación procesal del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, a quien la semana pasada se le confirmó el procesamiento por negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta agravada y cohecho pasivo, además de ser señalado como presunto jefe de una asociación ilícita. La causa judicial cuenta con otros 18 procesados, entre los que figuran el exfuncionario del organismo Daniel Garbellini y el empresario Miguel Ángel Calvete.

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