Un nuevo informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en septiembre de 2026 revela que la morosidad de las familias argentinas alcanzó niveles récord, configurando un grave problema de ingresos a nivel nacional. En el sector financiero tradicional, la tasa de deudores en situación irregular escaló al 13,0% en julio de este año, una cifra histórica que solo encuentra precedentes en los dramáticos registros de la crisis del 2001. Aún más alarmante es la situación en el sector no financiero, impulsado fuertemente por el uso cotidiano de las billeteras virtuales, donde la morosidad trepó al 33,9%, superando de forma holgada los peores índices registrados durante la pandemia de COVID-19.
Este crecimiento exponencial del endeudamiento familiar tiene su correlato directo y comprobable en el deterioro sostenido del poder adquisitivo. Según advierte el documento, el salario real de los trabajadores registrados experimentó una caída al comienzo de la gestión de Javier Milei, y aunque registró una recuperación parcial hasta noviembre de 2024, desde ese momento arrastra un retroceso constante que acumula una pérdida del 14,3%. Si se analiza la situación contemplando conjuntamente la masa salarial de los trabajadores registrados y los ingresos correspondientes a los haberes jubilatorios, se advierte una pérdida acumulada de 8,3 puntos porcentuales en la era Milei. Frente a este escenario recesivo, el informe concluye que el acceso al crédito y el endeudamiento de los hogares funcionaron como un mecanismo que compensó parcialmente y atrasó los efectos reales del ajuste.
El severo descalce entre los ingresos y el costo de vida cotidiano queda en evidencia al comparar la evolución de los sueldos con los aumentos aplicados a las tarifas de los servicios públicos esenciales. Mientras los salarios medidos por el INDEC acumulan una suba del 268% desde enero de 2024, los incrementos tarifarios pulverizaron el ingreso disponible de las familias: el servicio de gas aumentó un 2.071%, el transporte un 1.442%, el agua un 544% y la energía eléctrica un 393%. Esta enorme brecha entre la evolución de los salarios y los gastos fijos ineludibles obligó a una gran parte de las familias argentinas a recurrir al endeudamiento simplemente para poder sostener su nivel de consumo básico.
La radiografía de la morosidad también refleja una profunda y marcada asimetría geográfica, demostrando que las jurisdicciones provinciales con menores ingresos son las más asfixiadas por la imposibilidad de pago. La Rioja encabeza esta preocupante estadística: con salarios que se ubican un 31,5% por debajo de la media nacional, la provincia registra el mayor ratio de irregularidad crediticia del país con un 23,1%. Le siguen de cerca Santiago del Estero, cuyos ingresos son un 29,2% inferiores al promedio nacional y su morosidad alcanza el 18,1%, y la provincia de Misiones, con sueldos un 29,7% por debajo de la media y un índice de deudores del 16,9%.
En términos demográficos, los datos publicados por el CEPA demuestran que el fenómeno del atraso en los pagos impactó de lleno sobre la población económicamente activa y los responsables directos de sostener los hogares. Hacia julio de 2026, se contabilizaron 4.185.913 personas con deudas irregulares ubicadas en la franja etaria que va de los 25 a los 54 años. Esta masa de ciudadanos concentra el 70,7% (es decir, el 71%) de la morosidad total a nivel nacional, afectando fundamentalmente a los jefes y jefas de hogar que deben afrontar mes a mes la carga del creciente costo de vida familiar.
Dentro de este vasto universo de deudores, el segmento etario que va de los 35 a los 44 años es el más comprometido económicamente, ostentando los pasivos más abultados del sistema. Este grupo en particular concentra por sí solo el 30,6% (casi el 31%) del monto total de los préstamos en situación irregular en todo el país. En cifras concretas, acumulan un saldo moroso gigantesco de $4.639.030 millones, los cuales se encuentran fuertemente concentrados en las entidades bancarias tradicionales, con $3.204.472 millones de deuda, mientras que los restantes $1.434.559 millones son compromisos impagos canalizados a través de las diversas billeteras virtuales del mercado.
