Una investigación judicial y periodística difundida en el programa Telenueve Denuncia puso al descubierto la trampa detrás de las promesas de autonomía financiera y dinero rápido asociadas a la plataforma OnlyFans en la Argentina. Lejos del discurso de empleo independiente, expedientes radicados en la Justicia Federal exponen el funcionamiento de redes de trata digital que operan mediante estudios clandestinos, contratos engañosos, manipulación psicológica y mecanismos de extorsión extrema sobre jóvenes en situación de vulnerabilidad.
El informe contrapuso el modelo de negocios corporativo de la firma británica con las denuncias por sometimiento y abuso radicadas en los tribunales nacionales. Mientras la corporación del Reino Unido alcanza una facturación anual cercana a los diez mil millones de dólares sostenida por una planta directa de solo 47 empleados y el contenido generado por dos millones y medio de mujeres en el mundo, en el país operan estructuras criminales organizadas que captan a sus víctimas a través de redes sociales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Durante la investigación, conducida por Tomás Méndez, también se apuntó al rol de figuras públicas como Wanda Nara, cuya difusión sobre la apertura de cuentas privadas contribuye a normalizar la inserción de jóvenes en este tipo de circuitos.
El esquema de trabajo responde a una metodología importada de Colombia, donde en la ciudad de Cali funcionan más de diez mil agencias webcam. Este modelo se trasladó a la Argentina utilizando departamentos y habitaciones de hotel como recintos de transmisión cerrada en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Para comprobar el método de reclutamiento, la producción del programa creó un perfil ficticio de una joven en Instagram y recibió al menos siete propuestas de supuestos «agentes de talento» pertenecientes a firmas como la agencia Nala o departamentos de nuevos perfiles. Los mensajes prometían ingresos en moneda extranjera superiores a los sueldos del comercio local y ofrecían como principal señuelo la garantía de un «bloqueo geográfico» para que el contenido solo fuera visible en países como Francia o Chipre, asegurando a las jóvenes que sus familias no tendrían acceso al material.
Sin embargo, los testimonios incorporados en las causas penales revelan las severas condiciones de reclusión y extorsión tras la aceptación inicial. Una de las víctimas relató cómo una propuesta inocente para transmitir pocas horas frente a una cámara derivó en un régimen de explotación: jornadas de hasta 16 horas continuas desnuda en invierno y sin calefacción, privación del sueño y de alimentos, y la imposición de multas económicas por retrasos que generaban deudas imposibles de saldar. La testigo detalló además que las exigencias físicas y psicológicas derivaron en cuadros graves de depresión, autolesiones e intentos de suicidio dentro de los propios recintos de transmisión.
Entre los antecedentes más graves expuestos de los expedientes de la Justicia Federal se encuentra el caso de la denominada «Víctima 1», quien fue obligada a practicarse un aborto y continuar transmitiendo en vivo a pedido de un usuario extranjero que pagaba en tiempo real. Según consta en la declaración judicial, se montaron dos cámaras en la habitación —una de ellas enfocada de la cintura para abajo— mientras la joven expulsaba la placenta en un baño sin agua, impidiéndole frenar la transmisión bajo el argumento de que esas situaciones «vendían un montón».
Respecto a la complejidad del entramado delictivo, la abogada de la Red contra la Trata, Marcela Cano, explicó que se trata de crimen organizado consolidado tras la pandemia de 2020. La letrada reveló que las bandas utilizaban sustancias como alcohol y marihuana para desinhibir a las jóvenes durante los vivos y contaban dentro de la estructura con psicólogos abocados a extraer información privada para extorsionarlas. Asimismo, denunció la participación de estudios de abogados que elaboraban contratos con apariencia de legalidad para retener a adolescentes de clase media, convirtiéndolas en rehenes de las organizaciones.
Por su parte, la titular de la Asociación Madres Víctimas de Trata, Margarita Meira, expuso la enorme dificultad que enfrentan las víctimas para salir del circuito y denunció el desamparo estatal e institucional en el que trabajan las organizaciones de asistencia, las cuales deben sostener el patrocinio legal y el acompañamiento ad honorem sin financiamiento público. Finalmente, en la investigación se cuestionó la lentitud del fuero federal para avanzar sobre los cabecillas de las bandas y se advirtió sobre la posible inserción de fondos delictivos en el financiamiento de campañas políticas, un factor que frena el desmantelamiento de estas células.
Ante cualquier sospecha o situación vinculada a la captación y explotación de personas, la Línea 145 brinda asistencia y orientación de manera gratuita, anónima y nacional las 24 horas del día.
