La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) destacó formalmente la resolución de la Justicia Federal de Entre Ríos, que dio curso a una acción de amparo destinada a exigir al Ministerio de Economía de la Nación y a la Dirección Nacional de Vialidad la reactivación urgente de las obras de infraestructura y mantenimiento en la red vial provincial y nacional.
La medida judicial, tramitada ante el Juzgado Federal de Victoria bajo la órbita del juez Federico Martín, pone el foco en el manejo de los recursos del Sistema de Infraestructura de Transporte (SISVIAL) y del fideicomiso SIT, constituido a través del Decreto 976/01. Ambos esquemas se financian a través del impuesto a los combustibles líquidos con el propósito exclusivo de encarar tareas de reparación, conservación y ampliación de las calzadas. Sin embargo, la presentación judicial evidenció que dichos fondos venían siendo derivados hacia instrumentos financieros en lugar de ejecutarse en tramos viales estratégicos para la conectividad y la seguridad territorial.
Desde la entidad empresaria señalar que este pronunciamiento avala los reiterados reclamos que el sector viene elevando sobre el avanzado estado de deterioro que presenta la red vial argentina. “La decisión judicial coincide con los lineamientos y planteos que venimos realizando, al ordenar que los impuestos que paga la ciudadanía con cada carga de combustible vuelvan a los caminos, tal como prevé la normativa”, remarcó Cristian Sanz, presidente de FADEEAC, al evaluar el alcance de la sentencia.
En esa misma línea, el titular de la federación advirtió que la falta de inversión y mantenimiento no constituye un problema acotado a la geografía entrerriana, sino que representa un panorama crítico extendido a lo largo de todo el territorio nacional. “El deterioro de las vías de tránsito es un tema alarmante y generalizado que requiere de una acción urgente. Por eso, esperamos que este fallo siente un precedente para que el mismo criterio se haga extensivo al resto de los distritos y corredores del país”, enfatizó el dirigente.
Sanz hizo hincapié en que la conservación de la infraestructura vial excede cualquier debate de índole presupuestaria o de cuentas públicas, al tratarse de un factor determinante para la preservación de vidas humanas. Según detalló, las calzadas en mal estado no solo aumentan la siniestralidad vial, sino que provocan severos daños en el parque automotor y encarecen directamente las tarifas de flete y los costos logísticos, afectando la competitividad de la economía productiva. En ese sentido, ratificó que garantizar caminos seguros constituye una obligación prioritaria e impostergable del Estado nacional.
Como sustento de sus planteos técnicos y de su compromiso con el sector, FADEEAC y la Fundación Profesional para el Transporte (FPT) llevaron a cabo un exhaustivo relevamiento de campo entre los años 2021 y 2024, auditando más de 22.700 kilómetros de rutas nacionales y provinciales. El informe diagnóstico resultante de dicho trabajo de campo fue entregado en su oportunidad a las autoridades competentes a nivel nacional, provincial y municipal para colaborar en el trazado de políticas públicas. Ante este escenario, la institución ratificó la necesidad de que el Gobierno nacional priorice la seguridad en las carreteras y restituya la totalidad de las partidas viales a su destino original.
