El Tribunal en lo Criminal N.º 1 de Bahía Blanca condenó a Rodolfo Ariel Molina a la pena de 4 años y 10 meses de prisión tras hallarlo penalmente responsable de comercializar y poseer sustancias estupefacientes en la ciudad. La resolución judicial se dictó mediante la modalidad de juicio abreviado, luego de que se acreditaran de manera concluyente las maniobras delictivas investigadas por el fuero especializado.
La causa penal fue llevada adelante por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N.º 19, conducida por el fiscal Mauricio Del Cero. Según las constancias acumuladas en el expediente, se logró certificar que Molina desplegó actividades vinculadas al tráfico y comercialización de sustancias ilícitas —específicamente cocaína y marihuana— durante un período prolongado comprendido entre el 2 de octubre de 2024 y el 15 de enero de 2026.
De acuerdo con la reconstrucción efectuada por los investigadores, las operaciones de venta se ejecutaban mediante la modalidad de entregas previamente pactadas en distintos puntos preacordados de la ciudad. Para concretar las transacciones financieras y recibir los cobros derivados de la venta de dosis, el acusado utilizaba diversas cuentas bancarias virtuales, lo que permitió a la fiscalía rastrear los movimientos de dinero ligados a la actividad ilegal.
El procedimiento decisivo para desarticular accionar ilícito tuvo lugar el 15 de enero de 2026. En esa jornada, efectivos pertenecientes a la Comisaría Cuarta llevaron a cabo un allanamiento ordenado por el Juzgado de Garantías N.° 2 en la vivienda del imputado, ubicada sobre la calle Capitán Montero al 2.200. Durante la diligencia de registro e inspección de la finca, los uniformados lograron el secuestro de varias dosis de cocaína fraccionadas y destinadas para su inmediata comercialización.
Entre los elementos probatorios de mayor relevancia incorporados al expediente se destaca el peritaje técnico sobre el teléfono celular secuestrado a Molina durante el operativo. El análisis forense del dispositivo permitió extraer capturas de pantalla de transferencias bancarias recibidas y emitidas, fotografías de cogollos de cannabis y conversaciones explícitas sobre la coordinación de las entregas y precios, pruebas que resultaron determinantes para fundamentar la acusación. Con estos elementos, el tribunal ratificó la condena como autor de comercialización de estupefacientes propiamente dicha y tenencia con fines de comercialización, en concurso ideal.
