La crisis que atraviesa el sector de las pequeñas y medianas empresas en la Argentina continúa profundizándose y enciende encendidas alarmas en la economía nacional. Mauro González, presidente de la Confederación Federal Pyme Argentina, emitió un severo diagnóstico sobre el estado del entramado productivo, advirtiendo que la situación de parálisis y recesión que vienen denunciando desde hace dos años ha sufrido un marcado agravamiento en los últimos meses.
En declaraciones brindadas a Radio Provincia AM1270, el dirigente empresarial apuntó directamente contra la presión fiscal ejercida sobre el sector productivo. En ese sentido, denunció que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lleva adelante una verdadera «persecución» contra las pymes, en un escenario donde las autoridades económicas y el organismo recaudador se desligan de responsabilidades, dejando a las unidades productivas en una situación de total desprotección y desamparo. «Conclusión: estamos a la deriva», sintetizó González al describir el desinterés oficial frente a los reclamos del sector.
El pedido de emergencia y el ahogo de los costos operativos
Frente a la escalada del ahogo financiero, la Confederación y diversas entidades gremiales empresarias habían impulsado un proyecto de ley de emergencia pyme orientado a suspender por un plazo de 180 días los embargos y las ejecuciones fiscales. Sin embargo, la iniciativa perdió estado parlamentario en diciembre de 2025, lo que obligó a las organizaciones representativas a reiniciar las gestiones legislativas durante el presente año tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado para intentar frenar los remates y acosos judiciales que amenazan la continuidad de miles de emprendimientos.
El panorama operativo cotidiano resulta insostenible para la mayoría de los establecimientos, según precisó el referente sectorial. Con un mercado interno con ventas en constante caída y una producción paralizada, los costos fijos no dan tregua. Los aumentos mensuales en las tarifas de servicios públicos, los alquileres comerciales y los insumos se combinan con la extrema dificultad para afrontar los sueldos del personal y las deudas con proveedores. De acuerdo con las estimaciones de la entidad, cerca del 70% de las pymes se encuentra operando actualmente a pérdida con el único propósito de evitar el despido de sus trabajadores.
Caída de la cadena de pagos y proyección de cierres
El impacto del freno económico y la presión impositiva ya muestra consecuencias devastadoras sobre la estructura del empleo y la red de empresas a nivel nacional. La falta de liquidez ha comenzado a resentir la cadena de pagos, multiplicando los casos de cheques rechazados, la postergación de vencimientos e interrupciones en el flujo financiero habitual de los comercios e industrias.
Las estadísticas que maneja la Confederación Federal Pyme Argentina indican que hasta el momento se contabiliza el cierre definitivo de 35.000 empresas en todo el país. De no mediar medidas de contención urgentes o una flexibilización en las políticas recaudatorias, las proyecciones advierten que la cifra de cierres netos podría alcanzar las 45.000 firmas hacia fin de año, arrastrando consigo miles de puestos de trabajo formales en una espiral de suspensiones, despidos y quiebras
