El senador provincial por la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, ingresó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley que busca crear el Régimen Provincial de Protección al Dominio sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. La iniciativa, denominada formalmente “Tutela Estratégica del Territorio Rural Bonaerense”, fija límites estrictos a la titularidad de campos por parte de personas o firmas extranjeras y refuerza la fiscalización estatal sobre áreas ambiental y productivamente estratégicas.
El objetivo central del marco normativo es resguardar la soberanía territorial, garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de la población, proteger los recursos naturales estratégicos —como las fuentes de agua y los suelos fértiles— y fortalecer la capacidad de control del Estado provincial frente a procesos de extranjerización directa o indirecta.
Para fundamentar la propuesta, el proyecto se respalda en las atribuciones otorgadas a las provincias por la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. En particular, se cita el artículo 124 de la Carta Magna nacional, que reconoce expresamente el dominio originario de los estados provinciales sobre los recursos naturales existentes en sus territorios. En simultáneo, se evoca el artículo 28 de la Constitución bonaerense, que consagra el dominio provincial sobre el ambiente y impone el deber indelegable de preservarlo, conservarlo y asegurar su aprovechamiento racional.
El contexto normativo y el fallo de la Corte Suprema
La presentación de este régimen bonaerense se produce en un escenario de fuerte debate institucional, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocara —por una cuestión de falta de legitimación procesal de la parte demandante— el fallo judicial que mantenía suspendida la aplicación del artículo 154 del DNU 70/2023. Cabe recordar que dicho artículo del decreto de necesidad y urgencia firmado por el Ejecutivo nacional derogó la Ley Nacional 26.737 de Tierras Rurales. Al dejar sin efecto la medida cautelar, el máximo tribunal restituyó la vigencia de la derogación, aunque sin pronunciarse sobre la constitucionalidad de fondo de la norma.
Al respecto, Berni remarcó la urgencia de legislar a nivel local: “La tierra, el agua y nuestros recursos naturales no son una mercancía más. Son parte de nuestra soberanía y tenemos la responsabilidad de protegerlos para las próximas generaciones. Frente a la ausencia de límites a nivel nacional, la provincia de Buenos Aires tiene que ejercer las facultades que le corresponden y defender su territorio”.
Límites de superficie, cupos por nacionalidad y áreas protegidas
Entre sus disposiciones operativas más relevantes, la iniciativa legislativa establece que la titularidad o posesión de tierras rurales en manos de extranjeros no podrá superar el 15% de la superficie rural total, tanto en el cómputo global de la provincia de Buenos Aires como en el análisis individual de cada uno de sus 135 municipios.
A su vez, para evitar la concentración excesiva por parte de un solo bloque económico o geopolítico, el proyecto dispone que personas humanas o jurídicas de una misma nacionalidad extranjera no podrán concentrar más del 30% del cupo total permitido en cada jurisdicción. Asimismo, se fija un tope estricto de 1.000 hectáreas por titular extranjero dentro de la denominada Zona Núcleo productiva. Estos parámetros retoman de manera directa los criterios que contemplaba la derogada Ley Nacional 26.737.
Por otra parte, el texto contempla una salvaguarda especial para inmuebles ubicados en zonas sensibles o estratégicas para el desarrollo y la sustentabilidad. En ese sentido, se prohíbe o restringe la enajenación de tierras vinculadas a cuencas hídricas, humedales, islas, costas marítimas y fluviales, áreas naturales protegidas, cinturones hortícolas periurbanos y territorios destinados a la agricultura familiar.
“No podemos permitir que la falta de regulación termine poniendo en riesgo el control sobre áreas esenciales para la producción de alimentos, el acceso al agua y el desarrollo de nuestra Provincia. Defender el territorio es también defender nuestra capacidad de decidir qué modelo productivo y de desarrollo queremos para los bonaerenses”, enfatizó el legislador.
Estadísticas de extranjerización y mecanismos de control provincial
Para dimensionar la problemática, la fundamentación del proyecto toma como referencia los últimos datos del Registro Nacional de Tierras Rurales. Según esos registros, en la provincia de Buenos Aires existen actualmente 834.421 hectáreas rurales en manos de personas o sociedades extranjeras, lo que representa un 2,89% de la superficie rural bonaerense total.
Sin embargo, el informe advierte sobre marcadas asimetrías territoriales al analizar distritos específicos del norte bonaerense: en el partido de Zárate, la proporción de tierras en manos extranjeras asciende al 24,8% del área rural, mientras que en el municipio de Campana la cifra alcanza un crítico 50,2%.
Para garantizar el cumplimiento efectivo del nuevo régimen, la ley prevé la creación del Registro Provincial de Tierras Rurales, organismo que tendrá a su cargo las tareas de fiscalización, auditoría y emisión de los certificados de habilitación previos a cualquier operación inmobiliaria rural. Además, se instrumentarán mecanismos de trazabilidad societaria destinados a identificar a los beneficiarios finales de sociedades comerciales, fideicomisos y fondos de inversión, impidiendo el uso de estructuras societarias complejas o prestanombres para eludir las restricciones legales.
“Proteger nuestro territorio no es cerrar la Provincia a la inversión ni discutir el derecho a la propiedad. Es establecer reglas claras para que ningún interés económico pueda estar por encima de la soberanía, del cuidado de nuestros recursos estratégicos y de los intereses de los bonaerenses”, concluyó el senador.
De forma complementaria, Sergio Berni presentó un proyecto de declaración ante el Senado bonaerense para manifestar su preocupación por el fallo de la Corte Suprema sobre el DNU 70/2023. En dicha iniciativa, se advierte sobre los riesgos de dejar sin regulación la compra de tierras por parte de capitales foráneos a nivel nacional y se solicita formalmente a la Cámara de Diputados de la Nación el rechazo del decreto presidencial en resguardo de la soberanía e integridad territorial.
