El flagelo de la precarización del empleo, sumado a la pérdida sostenida de los ingresos reales en las familias, se consolidó como uno de los factores centrales que explican el agravamiento del riesgo alimentario en la República Argentina durante la última década. Así lo demostró un exhaustivo informe elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina, perteneciente a la Universidad Católica Argentina (UCA), el cual comparó las métricas obtenidas entre los años 2010 y 2022 para trazar una radiografía pormenorizada de la vulnerabilidad social. De acuerdo con los resultados del estudio, la cifra absoluta de hogares afectados por este fenómeno registró un salto dramático, incrementándose en más de 550.000 unidades habitacionales a lo largo del período analizado.
En términos conceptuales y estadísticos, la investigación estimó que el porcentaje de hogares expuestos a un riesgo elevado de padecer hambre e inseguridad alimentaria severa experimentó una suba constante, pasando del 7,9% registrado en el año 2010 al 9,5% contabilizado en la medición de 2022. Al traducir estos porcentajes a valores absolutos, la cantidad total de hogares en situación crítica se disparó de 961.562 a más de 1.513.000 en todo el país, un incremento provocado en parte por la dinámica del crecimiento poblacional, pero fundamentado principalmente en el deterioro de las condiciones socioeconómicas estructurales de la población.
En declaraciones vertidas durante una entrevista con el diario La Nación, Agustín Salvia, director del Observatorio y coordinador principal de la investigación, explicó que las geografías con mayor índice de vulnerabilidad combinan invariablemente indicadores de pobreza persistente con elevados niveles de informalidad laboral, empleos de baja calidad y tareas encuadradas en sectores de reducida productividad. Para arribar a estas conclusiones, el equipo de profesionales cruzó los microdatos provenientes de la Encuesta de la Deuda Social Argentina con las bases de datos de los censos nacionales de población desarrollados en ambos períodos.
Disparidades regionales y avance en los grandes centros urbanos
Al analizar la distribución geográfica del problema, el informe de la casa de altos estudios evidenció que las provincias del norte argentino continuaron manteniendo los promedios regionales más elevados en la medición de 2022. En esa línea, la región del Noreste Argentino (NEA) encabezó el ranking con un 15,8% de hogares en riesgo severo, seguida de cerca por la región del Noroeste Argentino (NOA), que alcanzó un 14,2%. No obstante, una de las revelaciones más preocupantes del estudio radica en que el deterioro más acentuado en comparación con las métricas de 2010 se expandió fuertemente hacia provincias de gran desarrollo económico relativo y aglomerados urbanos del centro del país.
Un ejemplo claro de esta dinámica se registró en la provincia de Mendoza, donde la cantidad de hogares en riesgo severo trepó de 34.880 a 61.464, lo que representó un incremento porcentual del 76%. Por su parte, la provincia de Santa Fe experimentó una suba significativa al pasar de 72.603 a 118.345 hogares bajo esta condición. En tanto, en la densa geografía del conurbano bonaerense, el estudio contabilizó la alarmante cifra de 338.445 familias directamente impactadas por la privación alimentaria. Salvia atribuyó gran parte de este retroceso a las recurrentes recesiones económicas, a los picos inflacionarios y a la destrucción de puestos de trabajo en actividades tractoras como la construcción, la industria manufacturera y el comercio minorista. Como consecuencia de este proceso, miles de trabajadores que perdieron empleos formales debieron volcarse a la economía informal o a changas ocasionales, caracterizadas por ingresos volátiles, inestables y huérfanas de protección social.
El rol de la asistencia social y las deficiencias de infraestructura
Frente a este escenario de fragilidad económica, el informe puso de relieve el peso decisivo de la contención estatal a través de las redes de protección social. Las transferencias de dinero por parte del Estado alcanzaban al 38,1% de los hogares en 2025, marcando un aumento sustancial en comparación con el 24,4% registrado en 2010. Según la evaluación de Agustín Salvia, este tipo de programas asistenciales resulta indispensable en la coyuntura para contener situaciones de extrema emergencia social, aunque aclaró que bajo ningún punto de vista reemplazan la creación genuina de empleo de calidad ni la atracción de inversiones productivas. En ese sentido, el especialista lanzó una cruda advertencia: sin el piso de ingresos que otorgan estas transferencias sociales, la cifra de hogares argentinos sumidos en el riesgo alimentario severo superaría holgadamente los 3 millones.
Finalmente, la investigación de la UCA ofreció un dato que demuestra la consolidación de núcleos duros de postergación: 17 de los 20 departamentos del país que registraban el mayor nivel de riesgo alimentario en 2010 continuaban figurando exactamente en la misma posición de relegamiento en la medición de 2022. En esos territorios profundos, la falta de acceso a servicios básicos esenciales como el agua potable, la red de energía eléctrica y la conectividad a internet se combina con el aislamiento geográfico. Para el director del Observatorio, la persistencia de esta problemática a lo largo de las décadas se explica fundamentalmente por la estrecha interacción entre la precariedad del mercado de trabajo y las severas deficiencias de infraestructura que arrastran históricamente dichas regiones.
