Una severa advertencia institucional sobre la calidad del agua de consumo humano volvió a encender las alarmas sanitarias en el territorio bonaerense. El Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires (CPQ) formalizó una batería de requerimientos ante diversos municipios de la provincia a raíz de los preocupantes niveles de concentración de arsénico registrados en distintos puntos de la geografía provincial. La iniciativa tomó como insumo técnico de partida los datos actualizados del Mapa de Arsénico desarrollado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), los cuales evidenciaron valores marcadamente superiores a los umbrales máximos permitidos por la legislación vigente y los organismos internacionales.
A través de comunicaciones oficiales enviadas a los departamentos ejecutivos municipales, el organismo colegiado solicitó informes pormenorizados sobre la frecuencia y la cobertura territorial con la que se ejecutan los monitoreos analíticos sobre las fuentes de agua subterránea y superficial destinadas al suministro poblacional. Asimismo, la institución reclamó el acceso a los resultados de los análisis de laboratorio más recientes, la identificación fehaciente de las perforaciones o pozos de captación que presentan parámetros anómalos y la comunicación transparente de las medidas preventivas, correctivas o tecnologías de tratamiento que se hayan implementado o proyectado para neutralizar el contaminante.
Paralelamente, el Consejo Profesional de Química demandó saber si los distritos cuentan con programas municipales específicos de vigilancia epidemiológica y seguimiento continuo, así como el detalle de las campañas de recomendación e información preventiva que se hayan brindado a las comunidades locales potencialmente expuestas.
Los números del ITBA: registros críticos en el interior y el Conurbano
La fundamentación del reclamo radica en los datos expuestos en la actualización 2025 del mapa interactivo del ITBA, plataforma académica que sistematiza mediciones de muestras recolectadas en todo el país. Dentro del mapa provincial, se identificó un lote de distritos con niveles sumamente elevados del metaloide: en 9 de Julio se registraron concentraciones que oscilaron entre los 72 y los 165 microgramos por litro (µg/L); en Guaminí las mediciones alcanzaron un pico de 295 µg/L; en San Vicente se detectaron 163 µg/L; en Monte 146 µg/L; en el Partido de la Costa 147 µg/L; en Mercedes 105 µg/L y en Chivilcoy picos de hasta 94 µg/L.
La problemática no resultó ajena a los populosos municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde también se informaron valores por encima de los parámetros ideales. Es el caso de Vicente López, con registros de 117 µg/L; Ezeiza, con 96 µg/L; General Rodríguez, con 67 µg/L y Almirante Brown, con 56 µg/L. Desde el ámbito técnico se aclaró de manera oportuna que estos indicadores corresponden a muestras específicas analizadas en puntos de muestreo determinados, por lo que no deben extrapolarse de forma directa ni lineal a la totalidad de la red de agua corriente o a todo el ejido urbano de cada municipio.
Para dimensionar la gravedad sanitaria de las cifras, cabe señalar que el Código Alimentario Argentino (CAA) estipula como tope general permisible para el arsénico en agua potable un valor de 0,01 miligramos por litro (equivalente a 10 µg/L). Si bien la normativa nacional contempla una excepción de hasta 0,05 mg/L (50 µg/L) de manera transitoria en zonas con suelos naturalmente ricos en este mineral, los registros detectados superan holgadamente incluso ese margen de tolerancia. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) fija de manera estricta los 10 µg/L como valor guía provisional innegociable para resguardar la salud humana frente a patologías crónicas como el Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE).
Frente a este panorama, las autoridades del CPQ remarcaron que el origen hidrogeológico de la sustancia no justifica la pasividad estatal: «La presencia natural de arsénico en determinadas fuentes de agua es una problemática conocida y extendida, pero ello no puede traducirse en la ausencia de controles ni en la falta de información para las comunidades potencialmente expuestas. El acceso a agua segura requiere monitoreos sistemáticos, información pública y medidas concretas cuando los análisis detectan concentraciones que pueden representar un riesgo», enfatizaron a través de un comunicado.
El caso Bragado como precedente judicial de alcance provincial
El reclamo del Consejo Profesional de Química cobra una resonancia aún mayor al enmarcarse en el precedente sentado en la ciudad bonaerense de Bragado. En dicha localidad, tras años de reclamos vecinales y demandas judiciales motivadas por los excesivos niveles de arsénico en el servicio domiciliario, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó y dejó firme de forma definitiva el fallo que condena a la empresa concesionaria Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) a ejecutar la totalidad de las obras de infraestructura de potabilización necesarias para adecuar la calidad del recurso a los estándares de potabilidad.
Desde la entidad profesional ponderaron el impacto institucional de la resolución del máximo tribunal del país: «El antecedente de Bragado demuestra que la calidad del agua destinada al consumo humano no constituye solamente una cuestión ambiental o sanitaria, sino también una obligación concreta de los responsables del servicio y de las autoridades públicas».
Por último, el Consejo Profesional de Química consideró imperioso articular mesas de trabajo interdisciplinarias entre los municipios, las dependencias del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, las empresas prestadoras de agua potable, el sistema científico-tecnológico y los profesionales de la química. En ese sentido, la institución puso formalmente a disposición de los jefes comunales su equipo de expertos y su estructura técnica para asesorar en la evaluación de los muestreos, la prevención de riesgos ambientales y el diseño de sistemas de tratamiento que garanticen el derecho fundamental a consumir agua segura.
