En respuesta a la parálisis de proyectos tecnológicos de envergadura y ante el avance de los procesos de privatización de empresas públicas conducidos por el Poder Ejecutivo nacional, representantes gremiales, científicos, ingenieros y profesionales pertenecientes a firmas e instituciones emblemáticas de la República Argentina decidieron conformar una mesa de coordinación unificada. La iniciativa busca superar las respuestas aisladas o sectoriales y apunta a elaborar una propuesta técnica integral de desarrollo productivo que garantice la inversión pública, la generación de empleo calificado y la preservación del capital científico y tecnológico construido por el país durante las últimas décadas.
El nuevo espacio multidisciplinario congrega a trabajadores e investigadores de los sectores nuclear, energético, aeronáutico, ferroviario, de la vialidad y de empresas binacionales. La coordinación general de la mesa se encuentra a cargo del exsubsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, Federico Basualdo, contando con la participación activa de organizaciones sindicales de peso como la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), conducida por el dirigente Carlos Minucci.
El diagnóstico central que hermana a los integrantes de este espacio es la profunda preocupación de que el programa de privatizaciones impulsado por la administración central no implique únicamente un cambio de titularidad en la propiedad accionaria de los activos del Estado, sino que derive en la desarticulación irreversible y la pérdida definitiva de conocimientos, equipos profesionales multidisciplinarios y capacidades productivas desarrolladas a lo largo de más de medio siglo de inversión pública estatal.
En el plano operativo, la mesa técnica viene analizando detalladamente los procedimientos de licitación y privatización en marcha, así como las supuestas irregularidades denunciadas en torno a las tasaciones de los activos públicos, los mecanismos de venta diseñados y las condiciones contractuales para la transferencia de empresas estratégicas. De hecho, parte de estos cuestionamientos y observaciones técnicas fueron elevados formalmente ante la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación, al tiempo que se elaboran presentaciones ante los órganos de control del Estado y eventuales acciones en el fuero judicial.
No obstante, los organizadores remarcaron que el objetivo de fondo de este espacio supera la mera resistencia o rechazo a la venta de activos. La meta central es formular una agenda programática que identifique con claridad cuáles son las empresas estratégicas, las inversiones en infraestructura y las capacidades tecnológicas soberanas que la Argentina requiere indispensables para sostener un modelo de desarrollo económico sustentable a largo plazo.
El sector nuclear en emergencia y el riesgo de la fuga de cerebros
Dentro de los diversos rubros analizados, la industria nuclear se posiciona como uno de los casos más críticos y sensibles, dada la extrema complejidad de su entramado científico, tecnológico e industrial. Durante décadas, la Argentina logró posicionarse a nivel internacional como un actor referente mediante el desarrollo de capacidades soberanas en materia de generación de energía eléctrica de origen atómico, investigación aplicada, fabricación propia de elementos combustibles, diseño conceptual y estructural de reactores de potencia, y enriquecimiento de uranio. Se trata de una cadena de valor de alta complejidad que exige una inversión presupuestaria continua y la retención permanente de profesionales altamente formados.
El panorama crítico del sector fue debatido de forma pormenorizada durante una intervención en el programa radial conducido por Roberto Caballero en AM 530, donde expusieron el investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) Rodolfo Kempf, el dirigente de los profesionales nucleares Martín Iofrida, y el ingeniero especializado de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) Ernesto Simionato.
Los especialistas advirtieron sobre el deterioro constante del poder adquisitivo salarial en los organismos de ciencia y técnica, un factor que ya está provocando la partida y migración de técnicos e ingenieros hacia el sector privado exterior. Al respecto, Kempf enfatizó las graves consecuencias de la pérdida de recursos humanos calificados, remarcando que la ingeniería nuclear demanda la consolidación de equipos de trabajo con años de formación específica y experiencia operativa acumulada. La desvinculación de este personal no constituye una simple baja de planilla, sino la destrucción de un saber hacer que resulta sumamente complejo de reconstruir.
Uno de los principales focos de alarma identificados es la parálisis operativa del proyecto CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares), el primer reactor nuclear de potencia desarrollado íntegramente en el país. Concebido como una tecnología pionera de reactores modulares pequeños (SMR, por sus siglas en inglés), la detención de sus obras compromete de manera directa la supervivencia de una amplia red de pymes y proveedores industriales nacionales, frena la formación de jóvenes profesionales y margina a la Argentina de un mercado global con proyecciones de demanda multimillonarias.
Esta situación adquiere una contradicción estratégica frente al escenario global actual, donde el crecimiento vertiginoso en la demanda de energía eléctrica impulsado por la expansión de la inteligencia artificial, los centros de procesamiento de datos masivos y los compromisos de descarbonización frente al cambio climático han devuelto a la energía nuclear un rol protagónico como fuente de generación continua, limpia y segura.
Paralización de Atucha III, privatización de NA-SA y la actualización del Plan Nuclear
Asimismo, durante las deliberaciones de la mesa técnica se abordó la situación de paralización en la que se encuentra el proyecto Atucha III, la cuarta central nuclear proyectada para incorporarse al parque generador nacional. Dicho emprendimiento contaba con acuerdos marco y esquemas de financiamiento pactados con entidades de la República Popular China, pero la interrupción de las gestiones diplomáticas y presupuestarias dejó en suspenso tanto la ampliación del suministro eléctrico como el desarrollo industrial asociado a la construcción de la planta.
A este complejo escenario se suma el esquema de privatización parcial de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), responsable de la operación comercial de las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse. La iniciativa del Gobierno nacional prevé transferir el 44% del paquete accionario a inversores privados, reservar un 5% para un programa de propiedad participada destinado a los trabajadores, y conservar el 51% en manos del Estado nacional, bajo el argumento de que el ingreso de capitales privados permitirá financiar la modernización y expansión del sector.
Para los ingenieros, científicos y gremios participantes de la mesa, el debate no puede circunscribirse únicamente a la estructura porcentual del paquete accionario. La preocupación de fondo radica en cómo garantizar la continuidad de los programas de desarrollo tecnológico, la formación constante de nuevos cuadros profesionales y la articulación fluida con la CNEA y las empresas proveedoras locales en un esquema donde prime la rentabilidad financiera de corto plazo.
Frente a esta coyuntura, Federico Basualdo rescató como antecedente conceptual el Plan Nuclear anunciado en el año 2022, un programa integral que contemplaba ampliar de manera sustancial la capacidad de generación nucleoeléctrica, incorporar nuevas centrales de potencia y maximizar la participación del componente industrial argentino. «Hoy las perspectivas son cambiantes, se agregan nuevos desafíos para el sector», planteó el exfuncionario nacional, subrayando la urgencia de «actualizar ese programa futuro para defender lo que tenemos y poder expandirlo».
De este modo, la formulación de una versión actualizada del Plan Nuclear se erige como una de las metas centrales de esta articulación. Para los especialistas, no se trata simplemente de solicitar la reactivación de las obras suspendidas, sino de reevaluar integralmente las necesidades de inversión, incorporar las nuevas dinámicas tecnológicas globales y aprovechar las oportunidades comerciales que ofrece la transición energética internacional.
La mesa unificada continuará desarrollando su agenda institucional mediante el seguimiento directo en el Congreso, la tramitación de expedientes ante organismos de auditoría y la participación abierta de trabajadores en la elaboración de proyectos sectoriales que permitan discutir de manera profunda qué capacidades tecnológicas y energéticas necesita la Argentina para sostener su soberanía industrial en las próximas décadas.
