Funcionarios y dirigentes oficialistas adhirieron al esquema que permite regularizar activos sin justificar variaciones patrimoniales ante el fisco, generando fuertes críticas sobre la transparencia de la medida.
El alcance de la medida
En medio de una creciente controversia, se confirmó que el vocero presidencial Manuel Adorni (junto a su esposa Bettina Angeletti), el ministro Federico Sturzenegger y el diputado José Luis Espert se incorporaron al régimen simplificado previsto en la Ley de Inocencia Fiscal (Ley 27.799).
Esta adhesión cobró relevancia pública luego de que el periodista Alejandro Bercovich señalara, en C5N, que el uso de este régimen podría ser una vía para regularizar fondos cuyo origen no fue registrado formalmente. Para los críticos, este mecanismo funciona como una amnistía permanente que limita las facultades de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Qué establece la normativa
La herramienta, reglamentada por el Gobierno a través del Decreto 93/2026, fue presentada originalmente como un incentivo para volcar al sistema los ahorros no declarados, conocidos popularmente como «dólares bajo el colchón». No obstante, la polémica se centra en los cambios estructurales que introduce en materia penal tributaria:
Eliminación de justificaciones: El régimen elimina la obligación de los contribuyentes de justificar variaciones patrimoniales ante el fisco; solo se deben declarar ingresos y gastos deducibles.
Elevación de umbrales: El piso para configurar delitos de evasión simple subió de 1,5 millones a 100 millones de pesos, mientras que en la evasión agravada se elevó de 15 millones a 1.000 millones de pesos.
Reducción de plazos: El Estado ahora cuenta con solo tres años para reclamar tributos omitidos o aplicar sanciones.
Suspensión de denuncias: ARCA tiene la potestad de abstenerse de impulsar acciones penales si el contribuyente regulariza su situación o cancela la deuda antes de que la causa judicial avance.
La decisión de los funcionarios de alto rango de acogerse a este sistema resulta particularmente sensible dado que algunos de ellos, como Adorni, enfrentan investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito.
