Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) acumuló una contracción real del 32% interanual a noviembre de 2025, respecto a 2023. El ajuste sin precedentes se focalizó en áreas sociales y de infraestructura, con programas críticos de salud, educación y obra pública que registran una parálisis casi total. La única excepción a la ola de recortes fue la partida destinada a la Inteligencia del Estado, que experimentó un incremento, mientras el servicio de la deuda sigue pesando fuerte en las cuentas nacionales.
La política de fuerte restricción del gasto público llevada a cabo por el Gobierno Nacional tuvo su reflejo más crudo en la ejecución presupuestaria consolidada hasta el mes de noviembre de 2025. Los datos oficiales analizados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revelan un recorte real del gasto total de la Administración Pública Nacional del 32% al compararlo con el mismo período de 2023, la última referencia previa a las correcciones que buscan el equilibrio fiscal.
Este nivel de contracción, catalogado por especialistas como «brutal» e «inédito», se produce a pocos días de finalizar el ejercicio fiscal y plantea serios interrogantes sobre la continuidad y el funcionamiento de políticas públicas esenciales en el país. El informe destaca que, si bien el objetivo principal es alcanzar el superávit financiero, la magnitud y la selectividad del ajuste están impactando directamente en sectores clave para el desarrollo social y productivo.
El Gasto Fija Prioridades: Inteligencia vs. Inversión
Al analizar la composición del gasto, el estudio de CEPA subraya una marcada diferencia en las prioridades de asignación de recursos. Mientras la mayor parte de las funciones del Estado experimentaron recortes severos o la anulación de partidas, hubo un sector que vio crecer su ejecución: la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia de la Nación, la cual exhibió un aumento del 26% en términos reales.
Por otro lado, el Servicio de la Deuda Pública, aunque sujeto a la dinámica financiera y las negociaciones con acreedores, mantuvo un peso estructural significativo, representando el 9% del gasto total ejecutado, una cifra que refleja su carácter ineludible en el presupuesto nacional.
La Parálisis de la Obra Pública y la Conectividad
Uno de los sectores más golpeados y que exhibe una parálisis casi total es el de la Obra Pública y la Infraestructura. La inversión en bienes de capital, considerada motor de la economía y generadora de empleo, fue virtualmente desmantelada.
Los datos de ejecución son alarmantes, con recortes que oscilan entre el 75% y el 100%:
Infraestructura en Municipios: La ejecución fue recortada en un 100%, dejando sin financiamiento a proyectos locales fundamentales.
Rutas Nuevas y Pavimentación: Esta partida vital para la conectividad y la logística productiva sufrió una merma del 98,5%.
Túneles y Puentes: La reducción fue del 94,9%, afectando directamente la reparación y construcción de estructuras cruciales, como las observadas en tramos vitales de la Ruta Nacional 3 en Bahía Blanca.
Transferencias a Provincias y Municipios: Las transferencias destinadas a Asistencia Financiera a Municipios, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de Buenos Aires y otras asistencias a Provincias y Municipios cayeron en hasta un 100%, limitando drásticamente la capacidad de inversión de las jurisdicciones subnacionales.
La contracción se extiende a programas de consolidación urbana y de mejoramiento de barrios, que vieron caer su ejecución en un 74,4%, impactando directamente en la calidad de vida de los sectores más vulnerables.
Desfinanciamiento en Salud y Educación: El Núcleo Social Afectado
El ajuste no solo ha sido de infraestructura, sino que ha impactado de lleno en el núcleo de las políticas sociales.
En el ámbito de la Salud, la Superintendencia de Servicios de Salud sufrió una caída del 72%, y los hospitales nacionales registraron recortes de entre 30% y 42%. Pero la situación más crítica se da en programas preventivos y de atención:
Programas como el de Atención Sanitaria en el Territorio y la Prevención de Enfermedades Crónicas registraron caídas de ejecución cercanas al 100%, lo que implica que sus actividades están prácticamente detenidas.
Otros organismos claves, como el Instituto Malbrán (-24%) y la ANMAT (-28%), también vieron mermar sus recursos, poniendo en alerta a la comunidad científica y sanitaria.
En Educación, el panorama no es menos preocupante, con la virtual desaparición de partidas destinadas a programas federales:
El emblemático programa Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) registran una ejecución nula (-100%), afectando la conectividad de los estudiantes y el salario docente.
Las becas y la gestión estudiantil cayeron un 78%, mientras que el fortalecimiento edilicio de jardines y las acciones de formación docente se redujeron en un 89% y 78% respectivamente.
El Retroceso de la Ciencia y la Tecnología
La promoción de la investigación y el desarrollo también fue blanco del ajuste. Organismos de vital importancia para el futuro productivo del país experimentaron fuertes recortes que comprometen su funcionamiento a mediano y largo plazo:
El Programa de Promoción de la Investigación e Innovación registró la baja más significativa, con un retroceso del 83%.
Organismos pilares como el CONICET y la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales) sufrieron recortes del 32%, mientras que el Servicio Geológico Minero y el Servicio Meteorológico Nacional se contrajeron entre 27% y 36%.
Desarrollo Social: El Mayor Impacto en los Vulnerables
Los programas que asisten directamente a los sectores más vulnerables de la población sufrieron ajustes que impactan de lleno en la seguridad alimentaria y la protección social:
El Plan Nacional de Protección Social y los programas de Economía Social registran ejecuciones nulas (-100%).
El Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia se redujo un 90%.
Las partidas destinadas a Comedores Comunitarios y Merenderos, fundamentales para la contención alimentaria, sufrieron un recorte del 64%.
El informe de CEPA concluye que «la magnitud de los recortes en programas de impacto social y productivo plantea un escenario de alta preocupación respecto a la continuidad de políticas públicas esenciales en un contexto económico desafiante». El camino hacia el superávit se consolida, pero lo hace a costa de una contracción histórica en funciones irrenunciables del Estado, lo que podría generar tensiones sociales y un deterioro de las capacidades productivas y de bienestar del país.
