
Desde diciembre de 2023, una de las políticas centrales del gobierno nacional ha sido la reducción del tamaño del Estado y el ajuste de sus trabajadores. De acuerdo con un informe elaborado por CEPA en base a datos del INDEC, entre diciembre de 2023 y junio de 2026 se registraron 71.661 despidos en el Sector Público Nacional. Esta cifra equivale a una caída del 21% en la planta de personal, lo que representa un promedio de casi 72 puestos perdidos por día.
En términos absolutos, la mayor cantidad de despidos se concentró en la administración descentralizada. Sin embargo, al analizar el impacto porcentual, el ajuste golpeó con más fuerza a la administración centralizada, donde la dotación cayó un 32,18%.
Impacto en empresas y sociedades del Estado
El informe destaca un profundo recorte en áreas estratégicas e infraestructura. El caso más significativo en números absolutos es el del Correo Argentino, que encabeza el listado con 5.578 desvinculaciones. Le siguen la Operadora Ferroviaria con 4.208 cesantías, el Banco Nación con 2.363, Aerolíneas Argentinas con 1.990 y AYSA con 1.855.
Desde una perspectiva proporcional, el desmantelamiento más drástico se produjo en la ex Télam (Agencia de Publicidad del Estado), que sufrió una reducción del 79% de su personal. Otros casos con impacto severo fueron ENARSA Patagonia (66,7%), Educar S.A. (61,9%), Contenidos Públicos S.E. (56,0%) y la Casa de Moneda (50,8%).
La situación en la Administración Pública Nacional
Dentro de los organismos de la administración pública, la ex AFIP —actual ARCA— lidera la reducción nominal con 3.427 puestos de trabajo eliminados. Le siguen ANSES, que perdió 2.982 trabajadores, y el CONICET, con una reducción de 2.057 agentes.
El ajuste también alcanzó a estructuras históricamente al margen de estos recortes masivos, como las Fuerzas Armadas. El Estado Mayor General de la Armada contabilizó 1.409 cesantías, el de la Fuerza Aérea 798 y el del Ejército 747.
En términos proporcionales dentro de los organismos desconcentrados y descentralizados, los recortes más profundos afectaron al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que perdió el 62,3% de su planta. A este le siguen la Junta de Seguridad en el Transporte (52,8%) y el INAES (45,9%).
