En vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Amnistía Internacional Argentina advierte sobre el sistemático desmantelamiento de políticas públicas esenciales, en un contexto donde, según cifras de la Defensoría del Pueblo, ocurre un femicidio cada 35 horas. La organización subraya que los recortes presupuestarios, la eliminación de programas clave y la ausencia de un organismo especializado bajo la gestión de Javier Milei agravan drásticamente el escenario de protección para mujeres y personas LGBTI+ en el país.
Argentina enfrenta un panorama crítico en materia de violencia de género. En un informe reciente, Amnistía Internacional (AI) ha elevado una severa alerta sobre el vaciamiento de estructuras y programas estatales fundamentales destinados a prevenir, asistir y erradicar la violencia machista, un retroceso que ocurre en medio de cifras alarmantes de femicidios.
Según datos provistos por la Defensoría del Pueblo de la Nación, en el país se registra un femicidio cada 35 horas. Otras fuentes, como Chequeado, estimaron que durante 2024 se produjo un femicidio cada 39 horas. En cualquiera de los casos, la violencia letal se mantiene en niveles históricamente altos.
Desmantelamiento y recortes: El «escenario crítico»
Desde diciembre de 2023, bajo la administración del presidente Javier Milei, Amnistía Internacional denuncia que se ha desarticulado sistemáticamente instituciones y programas que habían sido diseñados para la protección de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTI+.
El informe detalla el impacto concreto de estas medidas:
Presupuesto reducido: El presupuesto destinado a los principales programas de prevención y atención de la violencia de género se redujo en un 89% desde 2023.
Eliminación de programas: Se eliminaron 13 programas clave, entre ellos los de apoyo urgente frente a violencias extremas y el Programa Acercar Derechos (PAD), fundamental para garantizar el acceso a la justicia y la contención.
Ausencia de organismo especializado: Por primera vez en casi cuatro décadas, Argentina carece de un organismo estatal con competencias específicas y la capacidad institucional necesaria para abordar integralmente la violencia de género.
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, calificó la situación como parte de una «ofensiva global, organizada y bien financiada» que busca detener los avances en los derechos de mujeres y diversidades, asegurando que «estos retrocesos no son accidentales: responden a una agenda internacional que quiere borrar conquistas que costaron décadas».
El impacto en servicios vitales
La crisis presupuestaria y funcional afecta directamente a los pilares de la política de género argentina:
Línea 144: La línea de atención, contención y asesoramiento para mujeres en situación de violencia fue transformada en un servicio genérico, perdiendo su especificidad como política pública contra la violencia de género. Además, su presupuesto se redujo en dos tercios durante 2024 y su partida específica fue eliminada en el proyecto de presupuesto 2026.
Programa Acompañar: Este programa, que desde 2020 brindó apoyo económico y acompañamiento a cerca de 350.000 mujeres, vio su presupuesto caer un 90% en 2024 respecto al año anterior, con una consecuente reducción en su alcance y una restricción en las condiciones de acceso.
Barreras en salud sexual y reproductiva
El informe de AI también señala un alarmante aumento en las barreras para acceder a derechos fundamentales en salud sexual y reproductiva, como la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE). La organización reportó haber recibido el triple de denuncias por obstáculos en el acceso al aborto en comparación con la totalidad del año 2024.
A esto se suma la drástica caída en la distribución de insumos esenciales: la entrega de métodos anticonceptivos y tests de embarazo disminuyó un 81% entre 2023 y 2024. Asimismo, el Plan ENIA, enfocado en la prevención del embarazo adolescente, fue desmantelado y quedó sin financiamiento para 2026.
Violencia digital y escrutinio internacional
El informe no omite el aumento de la violencia de género en entornos digitales, que está siendo utilizada para expulsar voces críticas del debate público y hostigar a periodistas y comunicadoras. La directora de género y diversidad de AI Argentina, Lucila Galkin, destacó que la violencia contra mujeres toma «formas específicas: insultos sexualizados, ridiculización física y amenazas a la familia», y que el impacto es mayor cuando los ataques son amplificados desde «altas esferas del poder».
Finalmente, Amnistía Internacional alerta que, debido a los recortes y el desmantelamiento de políticas, Argentina corre el riesgo de incumplir compromisos internacionales adquiridos ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU (CEDAW), un organismo ante el cual el país deberá rendir cuentas en 2026. Este escenario pone en evidencia que las decisiones actuales profundizan la desprotección y ponen en riesgo derechos conquistados durante décadas.
