Una combinación de la deuda de $12 billones de la Nación con la Provincia, la caída de la coparticipación y el desplome de la recaudación local ha llevado a numerosos distritos bonaerenses a una situación de extrema fragilidad. Seis municipios ya declararon la emergencia económica y la preocupación central de los intendentes es cómo afrontarán los salarios y aguinaldos de diciembre.
La crisis económica y financiera que azota al país ha impactado de lleno en las arcas municipales de la provincia de Buenos Aires. Una serie de factores macroeconómicos y locales ha generado un «agujero negro» en las finanzas de numerosas comunas, llevando a varias a declararse en estado de emergencia y a muchas otras a realizar drásticos recortes.
La raíz del problema es multifactorial:
- Impacto de la deuda nacional: La deuda que el gobierno central mantiene con la provincia de Buenos Aires, que supera los 12 billones de pesos, repercute directamente en la caída de los fondos de coparticipación que llegan a las municipalidades.
- Desplome de la recaudación local: El enfriamiento de la economía se tradujo en una caída de la recaudación de tasas y un aumento de la morosidad de los contribuyentes.
- Aumento de la demanda social: Las comunas reportan un incremento en la demanda social en áreas críticas como salud y asistencia social, obligando a destinar más recursos en un contexto de ingresos reducidos.
Ante este complejo escenario, una gran parte de los municipios bonaerenses se encamina a cerrar el año con déficits operativos, y la preocupación más urgente de los intendentes es garantizar el pago de los salarios de fin de año y los aguinaldos.
Seis distritos en emergencia económica y fuerte ajuste
Hasta el momento, al menos seis distritos bonaerenses han formalizado la crítica situación declarando la emergencia económica, financiera y administrativa, lo que implica medidas de ajuste severas:
- Azul: Prorrogó la emergencia administrativa/económica en septiembre de 2025 (situación que arrastra desde 2024). Las medidas incluyen el congelamiento de salarios municipales, una rebaja del 15% del salario de funcionarios políticos y del intendente Nelson Sombra, y la suspensión de viáticos. A pesar de haber reducido un déficit de $4.486 millones, el panorama sigue siendo crítico.
- Villa Gesell: El intendente Gustavo Barrera declaró la emergencia en abril, responsabilizando a la “asfixia económica del Gobierno Nacional a la Provincia y a los municipios”.
- 9 de Julio: La intendenta María José Gentile decretó la emergencia económica, financiera y administrativa en julio, en un distrito particularmente afectado por las inundaciones.
- Guaminí: Se declaró en emergencia en mayo, congelando salarios y reduciendo al mínimo el pago de horas extras.
- Tapalqué y General Guido: Declararon la emergencia a fines de octubre. Tapalqué busca optimizar la administración ante la «situación crítica que ha generado la política que desarrolla el Gobierno nacional», mientras que General Guido dispuso una reducción del 10% en los sueldos del intendente, funcionarios del Ejecutivo y cargos de ley.
Además de los distritos en emergencia formal, otras localidades han avanzado en fuertes recortes. En Rauch se reporta déficit operativo, y en General Madariaga, el intendente Carlos Esteban Santoro redujo sueldos de la planta política. En Adolfo Alsina, el Concejo Deliberante autorizó al Municipio a disponer de un descubierto bancario de $1.030 millones con el Banco Provincia para asegurar la liquidez y el pago de salarios.
Otro caso emblemático es el de Ramallo, donde el intendente Mauro Poletti solicitó una prórroga para la presentación del presupuesto debido a la pérdida de mil millones mensuales por el incumplimiento en el pago de la Tasa de Seguridad e Higiene por parte de la empresa Ternium Siderar.
El reclamo de los intendentes a la Provincia y la expectativa por el endeudamiento
Ante la «extrema fragilidad» financiera, el Foro de Intendentes de la Unión Cívica Radical (UCR), que nuclea a 27 jefes comunales, se reunió con el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, para exigir la cancelación de deudas pendientes que la Provincia mantiene con las comunas. Estos fondos adeudados provienen de mecanismos de descentralización de recursos, como los relativos al Instituto de Previsión Social (IPS), el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y los gastos por los Juegos Bonaerenses.
«Muchos distritos se encuentran en una situación de extrema fragilidad y requieren que la Provincia cumpla con los compromisos asumidos, tanto en materia de obras como de fondos específicos», señaló el presidente del Foro de Intendentes, Maximiliano Suescun. Además del reclamo por las deudas, se exploró la posibilidad de obtener «anticipos de fondos o mecanismos extraordinarios de financiamiento para atender gastos corrientes».
Por su parte, la provincia de Buenos Aires, que también incluyó una declaración de emergencia económica hasta fines de 2026 en su proyecto de presupuesto, apuesta a destrabar el pedido de endeudamiento ante la Legislatura por USD 3.035 millones. El plan del gobernador Axel Kicillof incluye la creación de un fondo para los municipios equivalente al 8% de ese monto, una inyección de liquidez que podría paliar la crítica situación de las comunas antes de fin de año. La aprobación de esta herramienta financiera se ha vuelto vital para garantizar la estabilidad económica de la provincia y sus distritos.
